El Ministerio del Interior de España ha impulsado el Anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de mayo de 2025, con el objetivo de fortalecer la seguridad de entidades públicas y privadas que operan en sectores estratégicos esenciales, como el energético, el hídrico, el transporte, la sanidad, la administración pública, la producción y distribución de alimentos, la industria nuclear, la seguridad privada, entre otros. Esta iniciativa transpone la Directiva (UE) 2022/2557, que busca garantizar la continuidad de servicios vitales para la sociedad y la economía, tanto a nivel nacional como europeo.