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Esta ley representa un paso significativo para fortalecer la resiliencia de sectores clave como el energético y el hídrico, garantizando su funcionamiento ante amenazas diversas y asegurando la estabilidad social y económica.
El objeto de la norma es apoyar y garantizar el funcionamiento de las entidades u organismos, públicos o privados, que explotan infraestructuras críticas en sectores estratégicos como el de la energía, el transporte, la sanidad, el agua, la Administración pública, la producción, transformación y distribución de alimentos, la industria nuclear, las instalaciones de investigación o la seguridad privada, entre otros.
Junto a la identificación de las entidades críticas, el anteproyecto establece una serie de medidas específicas destinadas a garantizar los servicios esenciales que prestan, así como obligaciones para la mejora de su resiliencia.
Para ello, la norma crea un nuevo marco de planificación construido alrededor de la Estrategia Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas (elaborada por la Secretaría de Estado de Seguridad y aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional) y de la Evaluación Nacional de Amenazas y Riesgos elaborada y aprobada por la citada Secretaría de Estado de Estado de Seguridad.
A partir de esos dos documentos, el anteproyecto mantiene los actuales planes, cuya eficacia ha sido valorada de manera positiva y que son:
Por su parte, las entidades críticas concernidas por esta norma deberán elaborar un plan de resiliencia que incluya las medidas de protección física, respuesta y mitigación frente a incidentes en el marco del plan estratégico sectorial correspondiente.
Otras medidas de protección y resiliencia son el sistema de comprobación de los antecedentes personales para garantizar la idoneidad de las personas que prestan sus servicios en las entidades críticas; la obligación de designar a un responsable de seguridad y resiliencia de la entidad como punto de contacto con las autoridades competentes, y el sistema de notificación de todo tipo de incidentes que puedan alterar el funcionamiento de los servicios esenciales.
El anteproyecto detalla asimismo las instituciones y órganos que asumen responsabilidades en su aplicación, en términos similares a los actuales. La Secretaría de Estado de Seguridad será la autoridad nacional competente en la materia, sin perjuicio de que la interlocución directa entre ésta y las entidades críticas la asume el Centro Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas (CNPREC, hasta ahora denominado Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, CNPIC).
El CNPREC también será el punto de contacto único para la cooperación transfronteriza con los puntos de contacto únicos de otros Estados miembros de la Unión Europea.
Por último, el anteproyecto crea la Comisión Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas como órgano colegiado adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad para la aprobación de los planes estratégicos sectoriales y la colaboración en la identificación de las entidades críticas, y el Grupo de Trabajo Interdepartamental para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas.
El anteproyecto será de aplicación a las entidades críticas ubicadas en el territorio nacional, a excepción de aquellas cuestiones que se encuentren reguladas en la normativa específica de las entidades pertenecientes a los sectores bancario, de los mercados financieros y de las infraestructuras digitales.
Tampoco se aplicará a las entidades dependientes del Ministerio de Defensa, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni a los cuerpos de policía de las comunidades autónomas con competencias estatutarias reconocidas y asumidas para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, que se regirán por su propia normativa.
Además de aprobar el anteproyecto en primera vuelta, el Consejo de Ministros ha acordado que su tramitación se realice por el procedimiento de urgencia, lo que implica que los plazos para la emisión de informe se reducen a la mitad.
Los departamentos que deberán ahora remitir a Interior sus informes son Defensa; Transportes y Movilidad Sostenible; Industria y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; Política Territorial y Memoria Democrática; para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Sanidad; Ciencia, Innovación y Universidades; para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado.
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