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APPA Renovables ha reclamado la eliminación inmediata del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), conocido como el “impuesto del 7%”, al considerar que encarece la electricidad, frena la electrificación y perjudica la competitividad industrial española en un mercado ibérico acoplado como el MIBEL.
La asociación sostiene que mantener este gravamen supone una señal contraria a los objetivos climáticos y de reindustrialización. El IVPEE fue creado en 2012 en un contexto de déficit tarifario que hoy está superado. Sin embargo, continúa aplicándose en un escenario en el que la electrificación es clave para sustituir combustibles fósiles importados.
“Las renovables representan el 25% del consumo energético total, pero más del 55% de la electricidad. No podemos seguir frenando la electrificación”, ha señalado el director general de APPA Renovables, José María González Moya.
La presión del sector aumenta tras la decisión de Portugal de eliminar el gravamen equivalente. En el marco del mercado ibérico (MIBEL), mantener en España un 7% adicional sobre la generación eléctrica supone, según APPA, una desventaja competitiva directa y un riesgo de distorsión en las ofertas frente a tecnologías situadas al otro lado de la frontera.
El sector recuerda además que durante la pandemia el impuesto estuvo suspendido sin consecuencias estructurales en el sistema eléctrico.
A esta situación se suman las recomendaciones de la Comisión Europea para reducir la carga fiscal sobre la electricidad. El plan comunitario “Action Plan for Affordable Energy” insta a aliviar una fiscalidad que, según denuncia APPA, penaliza cuatro veces más la electricidad que otros consumos fósiles como el gas.
Actualmente, electrificar consumos en hogares o industrias implica asumir:
7% del IVPEE
5,11% del Impuesto Especial sobre la Electricidad
21% de IVA
Cánones y tasas autonómicas
Una estructura que, según la asociación, lastra la integración renovable y reduce la competitividad.
España ha avanzado en descarbonización eléctrica: en 2024 la generación renovable alcanzó el 56,8% del mix y en 2025 se sitúa en el 55,5% (57,1% incluyendo autoconsumo). Sin embargo, el peso de la electricidad en el conjunto del consumo energético lleva más de dos décadas sin superar el 25%.
El PNIEC 2023-2030 fija objetivos ambiciosos:
48% de renovables sobre el uso final de energía
81% renovable en generación eléctrica en 2030
Para cumplirlos, APPA insiste en que es imprescindible trasladar la electrificación a industria, edificios y transporte.
La asociación advierte además de un deterioro en la integración renovable:
Las restricciones de red se han duplicado en 2025 (del 1,6% al 3,2%).
Se ha desaprovechado el 18% de la capacidad renovable instalada.
En Canarias, las pérdidas han superado el 20% en algunas islas.
El 9,2% de las horas de 2025 registraron precios cero o negativos.
Aunque la potencia instalada renovable creció cerca de un 10%, la producción apenas aumentó un 1,2%. En paralelo, la generación fósil —principalmente ciclos combinados de gas— se incrementó un 27,8% respecto a 2024, elevando emisiones y precios.
Según el sector, si se integrara toda la energía disponible (incluyendo vertidos y autoconsumo), cerca del 70% de la electricidad sería renovable.
APPA recuerda que el Impuesto Especial sobre la Electricidad, vigente desde 1997, nació como figura recaudatoria vinculada al carbón, una realidad ya superada en el mix eléctrico actual. La asociación considera que la fiscalidad energética arrastra inercias históricas que deben adaptarse a un sistema del siglo XXI, caracterizado por alta penetración renovable y necesidad de electrificación masiva.
Tras el cero eléctrico del 28 de abril de 2025, el sistema necesita —según el sector— estabilidad regulatoria y señales claras para absorber nueva producción renovable. “Sin certidumbre sobre el rumbo fiscal y energético del país no habrá electrificación, eficiencia ni competitividad”, concluye González Moya.
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