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La Comisión Europea presentará en el tercer trimestre de 2026 su futura Ley de Economía Circular (Circular Economy Act, CEA). Así lo recoge un análisis del European Parliamentary Research Service (EPRS) del Parlamento Europeo, que anticipa los principales ejes del texto y el debate político que lo rodea.
Esta nueva norma surge en un contexto de vulnerabilidad estratégica: la Unión Europea importa prácticamente el 100% de elementos críticos como las tierras raras, mientras que las tasas de reciclaje de materiales estratégicos como el litio permanecen por debajo del 1%. Al mismo tiempo, la huella material europea alcanza las 14 toneladas por habitante al año, muy por encima de la media mundial, lo que implica que cada ciudadano europeo genera indirectamente la extracción de esa cantidad de recursos naturales anualmente.
Ante este escenario, la Comisión pretende convertir la economía circular en una herramienta clave de competitividad industrial y seguridad de suministro. Actualmente, la tasa de uso circular de materiales en la UE es del 12%, con el objetivo de duplicarla en 2030. Sin embargo, la generación de residuos continúa siendo elevada: en 2022 se produjeron 5 toneladas de residuos por persona, de las cuales el 41% se recicló y el 30% terminó en vertedero. Además, los residuos peligrosos aumentaron un 31% respecto a 2010.
En el plano comercial, en 2023 la UE registró un déficit de 29.000 millones de euros en materias primas. En 2024 exportó 36 millones de toneladas de materiales reciclables e importó 47 millones de toneladas. Por ello, uno de los pilares de la futura norma será la creación de un mercado único de materias primas secundarias. El informe del EPRS advierte de que la fragmentación normativa entre Estados miembros genera inseguridad jurídica y limita el comercio transfronterizo de materiales reciclados.
La Comisión prevé revisar la Directiva Marco de Residuos, la Directiva de Vertederos y la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), además de armonizar los criterios de “fin de condición de residuo” y promover medidas que mejoren la calidad y la demanda de materiales reciclados. Actualmente, en muchos sectores, estos materiales siguen siendo más caros que los vírgenes, por lo que reducir esta brecha de precio será determinante para que la economía circular sea viable a escala industrial.
El EPRS considera que, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados globales, la futura Ley de Economía Circular puede convertirse en un instrumento clave para reforzar la autonomía estratégica europea, mejorar la resiliencia industrial y avanzar hacia un modelo menos dependiente de recursos externos. El debate político gira ahora en torno a si la norma debe incluir objetivos vinculantes de reducción del consumo de recursos, además de metas de eficiencia.
Desde ASEGRE se valora que esta futura norma abre un escenario de especial relevancia. La armonización de criterios, la consolidación de un mercado único de materias primas secundarias y el refuerzo de la trazabilidad pueden aportar mayor seguridad jurídica y estabilidad regulatoria al sector.
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