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La no convalidación del Real Decreto-ley 7/2025 por el Congreso de los Diputados ha desatado una ola de críticas por parte de las principales asociaciones del sector energético en España, que advierten sobre las graves consecuencias para la transición energética, la estabilidad del sistema eléctrico y la competitividad industrial. La norma, diseñada para abordar cuellos de botella administrativos, impulsar el almacenamiento y fomentar el autoconsumo colectivo, era considerada un pilar clave para consolidar el liderazgo de España en energías renovables. A continuación, hacemos un repaso de las reacciones de las asociaciones más relevantes.
El sector eléctrico e industrial lamenta la no convalidación del Real Decreto-ley 7/2025 y apela a la responsabilidad de los partidos políticos
El sector eléctrico e industrial lamenta la no convalidación del Real Decreto-ley 7/2025 y apela a la responsabilidad de los partidos políticos
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Riesgo de colapso por mantenimiento de hitos administrativos inadecuados
Sin la modificación del quinto hito y de los plazos asociados, numerosos proyectos quedarán bloqueados por trámites que no responden a la realidad del desarrollo tecnológico ni administrativo. Muchos de estos proyectos se ven paralizados por medidas cautelares, utilizadas por grupos de presión contrarios a las renovables, y el Real Decreto-ley 7/2025 paralizaba los plazos administrativos en estos supuestos.
Adicionalmente, al no adecuarse los hitos a la realidad del sector, este cuello de botella puede desembocar en un colapso del proceso de integración de nueva capacidad renovable, obligando a un ritmo instalador muy superior al que las administraciones pueden atender de forma eficaz.
Aumento de desequilibrios y horas a precios cero y negativos
Con más generación renovable y sin medidas paralelas para estimular la demanda, el mercado eléctrico sufrirá aún más desequilibrios. Si en los últimos años hemos estado viendo la famosa “curva de pato” (precios del mercado mayorista muy bajos o incluso negativos en horas centrales del día y fuertes incrementos al anochecer), este efecto se multiplicará en los próximos años.
Sin impulsar la demanda ni el almacenamiento, ni flexibilizar la entrada de renovables a futuro, se incrementarán las horas a precios cero y negativos en el mercado mayorista de la electricidad –cuando parte de la generación renovable se desperdicia–, poniendo en riesgo la rentabilidad y continuidad de proyectos ya operativos.
Se frena el autoconsumo y el almacenamiento
No podrán ponerse en marcha figuras como el gestor de autoconsumo ni avanzar hacia un modelo energético participativo, la falta de cambios regulatorios seguirá limitando el desarrollo del autoconsumo colectivo en España, algo especialmente grave teniendo en cuenta que cerca de dos terceras partes de la población viven en comunidades de vecinos.
Igualmente, el impulso al almacenamiento -especialmente el bombeo hidráulico, sostenible y gestionable- queda en suspenso, lo que dificulta una gestión eficiente y flexible del sistema, e impide una mejor integración de renovables más dependientes del recurso como eólica y fotovoltaica.
España, que en 2024 consiguió rozar el 57% de electricidad renovable, necesitaba este paso normativo para consolidar su liderazgo europeo en la transición energética, especialmente en un momento en el que, tras el cero energético sufrido el 28 de abril, es urgente la toma de medidas que lleven a asegurar el suministro eléctrico de cara al futuro.
Esta decisión del Congreso de no convalidar la norma, frena el impulso que las renovables habían dado a nuestro sistema eléctrico y añade incertidumbre regulatoria a un sector que ya ha demostrado ser clave para la economía nacional y la lucha contra el cambio climático, reduciendo de forma efectiva las importaciones fósiles, el precio de la electricidad y las emisiones del sector eléctrico.
Desde las asociaciones representativas del sector energético aragonés y español, CEOE Aragón, Clenar y UNEF, manifiestan su apoyo al Real Decreto-ley 7/2025, cuya votación está prevista para el próximo 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico.
Como representantes de empresas de toda la cadena de valor energético —desde grandes corporaciones hasta pymes y autónomos— solicitan respetuosamente la convalidación de una norma que persigue objetivos técnicos y estratégicos esenciales para la seguridad energética y la competitividad empresarial aragonesa y española, pero que además representa una oportunidad estratégica para consolidar el liderazgo energético de Aragón y reforzar su posición como referente nacional en generación renovable, atracción de proyectos tecnológicos e impulso a la competitividad industrial.
Las medidas del RDL aportan seguridad del suministro eléctrico, certidumbre a los inversores y competitividad empresarial, mientras avanzan en electrificación y fomentan nuestra soberanía energética, todo ello mejorando el entorno financiero de los proyectos y siguiendo la estrategia que ha posicionado a Aragón como uno de los principales polos renovables de Europa, con más de 5.800 empresas industriales y energéticas activas y una destacada presencia de líderes del sector. Estas medidas también contribuyen a reducir significativamente los costes energéticos para sectores clave de la economía aragonesa, como la agroindustria, la automoción, la logística y la industria electrointensiva. En definitiva, responden a una línea de actuación ya consolidada en Aragón, donde las renovables representan cerca del 8?% del PIB regional, generan un elevado impacto en el empleo industrial y han atraído inversiones históricas que refuerzan su papel como nodo energético y logístico del noreste peninsular.
Además, el RDL facilita la hibridación con almacenamiento y ofrece un impulso decisivo al autoconsumo y al desarrollo de comunidades energéticas, ámbitos en los que Aragón ha sido pionera en regularlas y que supondrá una oportunidad única para dinamizar las zonas rurales, combatir la despoblación y ofrecer nuevas oportunidades a jóvenes y autónomos en la denominada “España vaciada”.
Por su parte, la no convalidación del RDL tendría consecuencias graves: exposición a futuras crisis como el apagón del 28 de abril, pérdida de competitividad internacional, paralización de inversiones, o dependencia energética y vulnerabilidad ante la incertidumbre geopolítica.
Por todo ello, solicitan la consideración positiva hacia la convalidación del Real Decreto-ley 7/2025 de todos los partidos políticos.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE), en representación del sector eólico español, expresa su profunda preocupación ante la no convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 7/2025, que contenía medidas técnicas clave para reforzar la seguridad del sistema eléctrico, avanzar decididamente en la transición energética y mejorar la competitividad de nuestra industria.
El texto rechazado era de carácter eminentemente técnico y respondía a la necesidad urgente de dotar al sistema eléctrico de mayor resiliencia, seguridad operativa y de suministro, en un contexto de transformación profunda del modelo energético. No existía ninguna razón técnica para oponerse a su aprobación. Muy al contrario: desde el sector eólico se ha venido trabajando de forma activa para compartir la importancia de su contenido claramente apolítico, precisamente por su carácter estratégico para el país.
La no convalidación es, a juicio del sector, un error. Condiciona seriamente el desarrollo de las energías renovables – en particular de la eólica como vector energético que debe incrementar significativamente su presencia actual en el mix -, y afecta a la electrificación de la economía y al objetivo común de lograr un sistema energético moderno, eficiente y seguro para todos los territorios.
El rechazo de este Real Decreto-ley constituye una decisión que va en contra de los intereses de nuestra economía y del impulso industrial necesario para afrontar la transición energética con garantías. Esta situación se suma a otros precedentes recientes, como la no aprobación de decretos similares en el ámbito autonómico —como ocurrió en Cataluña—, también por razones eminentemente partidistas.
La robustez de nuestro sistema energético no debería quedar al albur de una aritmética parlamentaria. Lo que está en juego es la garantía de suministro, la estabilidad del sistema eléctrico y la competitividad del país.
Por todo ello, habiendo sido ya derogado el Real Decreto ley, el sector eólico solicita que con carácter de urgencia se activen los procesos necesarios, mediante un Proyecto de Ley o Proposición de Ley para que se pueda retomar el debate profundo sobre su contenido en el menor plazo de tiempo posible y se pueda diseñar una norma que cuente con el apoyo necesario para su aprobación.
El sector eólico español, que genera un 23% de la energía del mix eléctrico, hace un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que este tipo de situaciones no se repita. España no puede permitirse no disponer de una regulación necesaria, ideológicamente neutra, y vital para su futuro energético, económico e industrial.
