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La reciente aprobación de la Directiva UE 2024/3019 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas marca un punto de inflexión en la política europea del agua.
La nueva norma, que sustituye a la directiva vigente desde 1991, amplía de forma significativa su alcance y endurece los requisitos técnicos, ambientales y energéticos aplicables a los sistemas de saneamiento. Para España, su correcta transposición e implementación supondrá uno de los mayores desafíos en materia de agua de las próximas décadas, tanto por su complejidad técnica como por el volumen de inversiones necesarias.
En 2024 la Unión Europea (UE) publicó una nueva directiva sobre la recogida, el tratamiento y el vertido de aguas residuales urbanas, la Directiva (UE) 2024/3019, que sustituye a la anterior de 1991, la Directiva 91/271/CEE.
Esta nueva directiva (2024/3019) sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas deberá estar transpuesta y será de obligado cumplimiento para los Estados Miembros de la UE a partir del 31 de julio de 2027. Se trata de una refundición de su predecesora, con un texto mucho más ambicioso, que requiere un cambio estructural en el modelo de saneamiento urbano en España, ampliando los ámbitos sujetos a regulación y aumentando las exigencias con nuevos requisitos a cumplir.
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