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El agua está en la agenda de las instituciones europeas, aunque no como eje central y transversal, que es el puesto que merece por ser un recurso finito e imprescindible para la vida humana, pero también necesario para alcanzar una economía sostenible y para la conservación de los ecosistemas.
Belén Ramos, responsable de Asuntos Internacionales de la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS).
Durante el pasado ciclo político europeo, vimos un ritmo acelerado en Bruselas para crear o actualizar normas de sostenibilidad, entre las que se incluían algunas tan importantes para el sector del agua urbana como la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, conocida como Directiva TARU. También se tramitaron normas de otros sectores que empezaban a incluir obligaciones en temas de agua, como la Directiva sobre Emisiones Industriales que obliga al sector, entre otras cosas, a hacer un uso eficiente del recurso, a consultar a los operadores antes de autorizar descargas en las redes de saneamiento urbano o a poner en marcha medidas de control de la contaminación en origen.
Sin embargo, el avance no ha sido suficiente como para considerar que el agua está plenamente integrada en el resto de agendas políticas y es importante; porque no existe un agua urbana, un agua de agricultura, de industria o de medio ambiente. Es un recurso único que se enfrenta a grandes desafíos y que debe protegerse de forma coordinada y decidida desde todas las perspectivas.
Nuevas prioridades en Europa
Y la tendencia no parece que vaya a mejorar en el ciclo actual. La nueva composición del Parlamento Europeo y el contexto geopolítico, han hecho cambiar las prioridades. Ahora, la defensa y la mejora de la competitividad están por encima de la sostenibilidad, y ya empezamos a notarlo, por ejemplo, en la relajación de exigencias en normas recientemente aprobadas a través de paquetes ómnibus o en retrasos inusuales en la aprobación final de textos que ya habían superado las fases de negociaciones, caso de la propuesta de revisión conjunta de la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Aguas Subterráneas y la Directiva de Calidad Ambiental ―conocida como Directiva EQS― que está pendiente de votar en el Parlamento desde octubre.
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