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Javier Domínguez Lino, Presidente de SOGAMA
El sistema de gestión de residuos impulsado en Galicia por la Mancomunidad Serra do Barbanza como “alternativa ecológica a Sogama”, cuando en realidad era fruto de un posicionamiento político contrario al de la Xunta de Galicia, acaba de materializar su adscripción a este último tras reconocer su inviabilidad técnica y económica.
“El tiempo es padre de la verdad y a relucir la sacará”. Así reza uno de los refraneros de nuestro acervo cultural al que, con frecuencia, recurrimos aquellos que nos resistimos a creer que los que más ruido hacen, son los que están en posesión de la verdad absoluta. Y esto es precisamente lo que ha acontecido recientemente en Galicia con aquellos sistemas de gestión de residuos que se autoproclamaban, de cara a la opinión pública, “alternativa ecológica a Sogama”, cuando, en realidad, eran fruto de un posicionamiento político contrario al sistema mayoritario por el que había apostado en su momento la Xunta de Galicia en base a criterios puramente científicos.
Porque fue un equipo de expertos, académicos y profesionales de prestigio, el encargado de estudiar y de identificar, en la década de los 90, el sistema de gestión de residuos más acorde con las características geográficas, orográficas, poblacionales y culturales de la comunidad gallega. Y, fruto de este trabajo, se creó, en 1992, la empresa pública Sogama, con sede en la localidad de Cerceda (A Coruña). Participada mayoritariamente por la Xunta, su cometido sería poner fin a la lacra de los más de 300 vertederos municipales incontrolados contabilizados en el territorio y tratar los residuos conforme a la legislación vigente, priorizando la aplicación de la estrategia de las tres erres (reducción, reutilización y reciclaje), que complementaría con la valorización energética de la parte no reciclable, evitando su vertido, la opción más nociva para el medio ambiente y la salud humana.
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