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Gabriel García, director general de Recyclia
Durante años, el debate sobre los residuos electrónicos se ha centrado en la industria, la normativa y las infraestructuras de reciclaje. Sin embargo, hay un actor decisivo que permanece a menudo en segundo plano: el consumidor. Cada decisión de compra, cada aparato que se guarda en un cajón y cada pila que no se deposita correctamente tiene consecuencias económicas, ambientales y sociales. España cuenta hoy con una ciudadanía más concienciada, pero aún atrapada entre la voluntad de hacer lo correcto y hábitos difíciles de cambiar. El reto ya no es solo técnico, sino cultural.
La transición hacia una economía circular no se decide únicamente en Bruselas, en los despachos ministeriales o en las plantas de tratamiento de residuos. Se decide, también, en los hogares. El momento en que un ciudadano opta por reparar o sustituir un aparato, por guardarlo “por si acaso”, por tirarlo a la basura o por llevarlo a un punto de recogida, está influyendo de forma directa en el éxito o el fracaso del sistema de gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Y los datos muestran con claridad que ese papel del consumidor es hoy tan relevante como contradictorio.
España se enfrenta a una paradoja evidente. Por un lado, existe una predisposición social mayoritaria hacia un consumo responsable. Según el VI Informe Anual Recyclia sobre tendencias en la industria del reciclaje de RAEE y pilas en España, seis de cada diez consumidores españoles afirman estar dispuestos a pagar más por aparatos eléctricos y electrónicos que sean sostenibles, reparables y reciclables, una cifra alineada con la media europea. Este dato, que recoge nuestro VI Informe Anual Recyclia, no es menor: supone el reconocimiento explícito de que la sostenibilidad tiene un valor económico y de que el consumidor acepta, al menos en teoría, asumir parte del coste de la transición verde.
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