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Por Luis Pérez Bermejo, presidente de Recyclia Envases.
La economía circular sigue avanzando en nuestro país con pasos firmes. La entrada en vigor del Real Decreto 1055/2022 sobre envases y residuos de envases supone un hito dentro de la Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030), alineando a España con los planes de acción de la Unión Europea en esta materia. El eje central del mencionado Real Decreto es el refuerzo del principio de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), es decir los productores de producto envasado están obligados a organizar y financiar la gestión de los residuos de los envases que ponen en el mercado anualmente.
Pero en esta transición hacia un modelo más sostenible basado en la eficacia de la RAP, nos encontramos con lo que podríamos denominar “polizones”, aquellos que se suben al barco sin pagar billete, que se benefician del esfuerzo colectivo sin aportar nada, que esquivan las obligaciones legales y disfrutan de un sistema que no sostienen. Son los llamados free-riders y representan una amenaza real para el futuro de la RAP y, por tanto, para la propia economía circular.
El daño que causan en materia de competencia desleal no es menor. Mientras las empresas responsables cumplen escrupulosamente con sus deberes -adherirse a un sistema colectivo, financiarlo, presentar declaraciones, etiquetar envases o informar al ciudadano-, las que operan al margen de la ley distorsionan el mercado y obtienen ventajas económicas injustas.
Porque esto no solo daña al productor cumplidor, sino que mina la viabilidad económica y operativa de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), pilares para alcanzar los objetivos ambientales. La RAP española, de hecho, paga un doble precio por tolerar a los free-riders: un coste económico injusto, porque las empresas responsables cargan con los gastos que deberían repartirse equitativamente, y una merma ambiental, porque la falta de trazabilidad limita la efectividad del sistema. Esto no es solo injusto. Es insostenible.
Hasta ahora, mercados como el de los fabricantes e importadores de aparatos eléctricos y electrónicos y de baterías habían alcanzado un grado notable de cumplimiento en su gestión medioambiental al finalizar su vida útil. Ahora, el Real Decreto 1055/2022 amplía esta exigencia a los envases que acompañan a los productos, desde embalajes comerciales y logísticos hasta envases domésticos. Ello implica que las empresas deben adherirse a un SCRAP de envases, reportar cantidades diferenciadas por material y canal, aplicar tarifas moduladas en función de criterios de sostenibilidad y financiar el funcionamiento de los sistemas de recogida separada. Mientras tanto, los operadores incumplidores continúan operando al margen, generando una distorsión directa del mercado.
El problema se agrava porque no resulta sencillo identificar a los free-riders. Muchos se refugian en canales poco visibles, como plataformas online extracomunitarias, marketplaces sin domicilio fiscal en España o esquemas de dropshipping en los que el productor queda fuera del radar de las autoridades. Para luchar contra esta problemática, el Real Decreto ha creado la sección de Envases en el Registro de Productores de Producto y, aunque este era un paso muy necesario, sin interoperabilidad y un sistema capaz de cruzar los registros de AEE, pilas y baterías, la detección automática de incumplidores es una quimera.
Cerrar la puerta a estos operadores exige acción coordinada. Es imprescindible que los registros de productores puedan comunicarse entre sí para detectar irregularidades de forma automática. Es igualmente necesario reforzar el control en aduanas y en las plataformas digitales, activando mecanismos de fiscalización previa que permitan sancionar o incluso retener productos en caso de incumplimiento, impidiendo que uno de estos polizones se cuele en el mercado sin ser detectado.
Y sobre todo, es vital que las instituciones actúen con ejemplaridad, lo que pasa por sanciones visibles y proporcionadas que envíen al mercado el mensaje inequívoco de que no cumplir nunca puede ser más rentable que cumplir. Porque mientras incumplir siga siendo más barato que cumplir, el mensaje al mercado es devastador: aquí gana el tramposo.
Pero no basta con la vigilancia. También es crucial apoyar a las pymes y a los productores menos informados, mediante campañas de sensibilización, formación y asistencia técnica continua. Porque la complejidad del sistema RAP no puede convertirse en un obstáculo que alimente la irregularidad.
La RAP debe ser además un terreno de corresponsabilidad, en el que seamos conscientes de que la sostenibilidad del sistema depende de la implicación de todos. Las administraciones deben garantizar un marco justo y eficaz, las empresas deben asumir que la sostenibilidad es parte inseparable de su modelo de negocio, y los consumidores debemos exigir transparencia a quienes ponen productos en nuestras manos.
Los free-riders no solo incumplen la ley. Ponen en jaque un modelo que aspira a ser justo, eficiente y ambientalmente sostenible. Si queremos cumplir los objetivos de la economía circular, reducir la huella de los productos que consumimos y garantizar una competencia leal, la lucha contra el incumplimiento no puede esperar.
La RAP es una herramienta poderosa, pero su eficacia depende de que todos, sin excepción, asumamos nuestro papel. El futuro del reciclaje en España no puede permitirse polizones.
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