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El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y la Administración de la Seguridad Social para el periodo 2026-2033. El nuevo marco busca incorporar progresivamente criterios ambientales en los procedimientos de contratación y aprovechar la capacidad de compra de las administraciones para acelerar la transición ecológica.
La contratación pública representa aproximadamente el 11,5 % del PIB y cerca del 25 % del gasto público, por lo que constituye una herramienta para orientar la actividad económica hacia modelos de producción y consumo más sostenibles. El Plan pretende utilizar este potencial para reducir emisiones, mejorar la adaptación al cambio climático, favorecer la economía circular e impulsar soluciones innovadoras.
Entre sus principales objetivos figura que, al término de su vigencia, en 2033, se valore incorporar al menos una consideración medioambiental en el 100 % de los procedimientos de contratación incluidos en su ámbito. Además, amplía el alcance del anterior Plan, vigente entre 2018 y 2025, al incorporar también a las entidades públicas empresariales y las agencias estatales.
Una de las líneas de actuación se centra en impulsar la descarbonización de la contratación pública. Para ello, se contempla la creación de una base de datos centralizada de materiales de construcción que recopile los factores de emisión de aquellos productos constructivos que representen, al menos, el 70 % del volumen medio de obra pública estatal.
El Plan también promoverá la utilización progresiva de la huella de carbono de productos y servicios como condición especial de ejecución o criterio de adjudicación en los contratos en los que resulte viable. En este contexto, se estudiará la creación de un registro o repositorio estatal de huella de carbono de producto con valores verificados y normalizados para categorías prioritarias.
Asimismo, se identificarán y difundirán proyectos de referencia para facilitar la incorporación gradual de estos criterios. El objetivo es avanzar hacia un modelo en el que la huella de carbono pueda utilizarse como parámetro objetivo y comparable en las decisiones de compra e inversión pública.
El nuevo marco incorpora una línea específica para fomentar la adaptación al cambio climático y la resiliencia de las infraestructuras y los servicios públicos. La finalidad es que las inversiones no solo contribuyan a reducir emisiones, sino que también puedan mantener su funcionalidad ante los impactos climáticos presentes y futuros.
Entre las medidas previstas se encuentra la identificación de las categorías de contratos especialmente expuestas a riesgos climáticos y la promoción de prescripciones técnicas, criterios de adjudicación y condiciones de ejecución que permitan reducir la vulnerabilidad de obras, infraestructuras y servicios.
En particular, se desarrollará una herramienta metodológica denominada «test climático», destinada a facilitar la incorporación de criterios de adaptación en los grandes contratos de obras, concesiones de obras y de servicios, así como en los contratos de servicios para la redacción de proyectos.
El Plan también busca aprovechar la capacidad de compra de las administraciones para acelerar la transición hacia una economía circular, reducir la generación de residuos y mejorar el aprovechamiento de los recursos y las materias primas secundarias.
Para ello, promoverá el uso del coste del ciclo de vida como criterio de adjudicación en aquellas categorías de contratos que dispongan de metodologías armonizadas o herramientas de cálculo reconocidas. Este enfoque permitirá considerar, además del precio inicial, los costes asociados al uso de los bienes durante toda su vida útil, incluido el consumo energético.
También se impulsarán medidas para prolongar la vida útil de los bienes públicos mediante su reparación, reutilización y remanufactura. En los contratos de obras y concesiones de obra pública se fomentará, además, la incorporación de materiales reciclados y materias primas secundarias.
Otra de las líneas de actuación se dirige a la descarbonización y la transición energética del parque inmobiliario público. Para avanzar en este ámbito, se elaborarán guías prácticas y herramientas que faciliten la preparación de contratos destinados a la rehabilitación energética de edificios, la electrificación de los consumos y el despliegue de energías renovables.
El Plan contempla asimismo la elaboración de modelos de pliegos y la difusión de proyectos de referencia y buenas prácticas. Estas actuaciones buscan facilitar la incorporación de criterios ambientales en las intervenciones sobre edificios públicos y reducir sus emisiones a lo largo de su vida útil.
El Plan se articula en seis líneas de actuación y 22 medidas, que incluyen también el desarrollo de capacidades y la puesta a disposición de herramientas prácticas para facilitar su aplicación por parte de las unidades promotoras y los órganos de contratación.
Entre otras iniciativas, se prevé reforzar la formación de los empleados públicos, crear una Red de Contratación Pública Ecológica del Sector Público para intercambiar conocimientos y experiencias y transformar el actual Catálogo de Prescripciones Técnicas Ecológicas en una plataforma interactiva que facilite la consulta y utilización de criterios ambientales.
La gobernanza corresponderá a la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública, apoyada por un Grupo de Trabajo Permanente que se reunirá al menos cuatro veces al año. La ejecución se concretará mediante programas anuales que identificarán las actuaciones, los responsables y los hitos previstos.
El seguimiento se apoyará en indicadores y en el análisis de los informes de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). También se desarrollarán progresivamente herramientas automatizadas e inteligencia artificial para analizar la información de la Plataforma de Contratación del Sector Público y reducir las cargas administrativas.
Además, transcurridos tres años desde su aprobación, se elaborará una evaluación intermedia para valorar los avances y proponer posibles mejoras. El Plan, elaborado conjuntamente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Hacienda, da continuidad al marco de contratación pública ecológica iniciado en 2018 y adapta sus instrumentos a los nuevos objetivos y exigencias ambientales nacionales y europeas.
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