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La orden ministerial fija un máximo de diez años para sustituir los contadores analógicos en los suministros de hasta 50.000 kWh/anuales, con hitos intermedios de implantación a los tres, cinco y siete años.
La Asociación Española del Gas (Sedigas) valora positivamente la publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Orden TED/1122/2026, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por la que se aprueba el plan de implantación de contadores inteligentes en la red de gas natural y se establecen las especificaciones mínimas de estos equipos. La norma, que entra en vigor el 28 de octubre, concreta el despliegue previsto en el Real Decreto-ley 18/2022 y obliga a sustituir los contadores analógicos de los suministros de hasta 50.000 kWh al año en un máximo de diez años.
Para Sedigas, la aprobación del plan permite avanzar en una modernización que tendrá una aplicación directa en hogares y negocios: lecturas remotas, menor dependencia de las estimaciones y acceso a datos diarios para conocer mejor cómo y cuándo se consume gas. La asociación considera que estos cambios facilitarán una gestión más eficiente de la energía y una relación más transparente con el suministro.
“El valor de esta transformación está en el servicio que recibe el consumidor. Disponer de información más precisa sobre su consumo le ayudará a identificar oportunidades de ahorro y a tomar decisiones con mayor conocimiento. La aprobación del plan permite al sector organizar el despliegue y trasladar estas mejoras a hogares y negocios”, señala Joan Batalla, presidente de Sedigas.
La orden obliga a sustituir los contadores analógicos de los puntos de suministro con consumo anual igual o inferior a 50.000 kWh y a integrar los nuevos equipos en los sistemas de telegestión de los titulares de red. Contados desde la entrada en vigor, deberá sustituirse al menos el 20 % del parque en tres años (octubre de 2029), el 50 % en cinco (2031) y el 80 % en siete (2033), hasta completar el proceso en un máximo de diez años (octubre de 2036). Los hitos se medirán a nivel de grupo empresarial. Cumplido ese plazo, cada titular podrá mantener sin sustituir hasta un 2 % de su parque por causas no imputables a él, debidamente justificadas y aprobadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La norma habilita además a la Secretaría de Estado de Energía para excepcionar los calendarios cuando la indisponibilidad sobrevenida de equipos impida cumplirlos. Este horizonte permite planificar las inversiones, el aprovisionamiento de equipos y las actuaciones de instalación.
Los suministros con consumo superior a 50.000 kWh e igual o inferior a 5 GWh que no dispongan de telemedida deberán incorporar sistemas de telelectura (un módulo que se acopla al contador convencional y transmite los datos de consumo) o, en su caso, contadores inteligentes. Sus hitos son del 50 % a los cinco años y del 80 % a los siete, con un máximo de diez. En este segmento, los titulares de red podrán posponer el inicio del despliegue hasta que la CNMC fije un precio de alquiler del módulo de telemedida.
La implantación de contadores inteligentes en el consumo de gas natural marca una evolución relevante para el sistema energético. Estos dispositivos hacen posible realizar lecturas remotas frecuentes, evitando estimaciones y optimizando la gestión de la red.
Ofrece al consumidor información detallada sobre su consumo diario. Esto facilita un uso más eficiente de la energía, fomenta el ahorro económico y refuerza la capacidad del usuario para tomar decisiones informadas. Los contadores inteligentes también incrementan la transparencia en la facturación, facilitan la reducción de las reclamaciones, mejoran la detección del fraude y elevan la seguridad mediante funciones como el corte remoto del suministro en situaciones de emergencia.
Los consumidores podrán consultar de forma gratuita, desde una página web y una aplicación móvil, su consumo diario de los últimos 24 meses (o desde el inicio del contrato, si es más reciente), con un desfase máximo de tres días. Esta información permitirá comparar consumos y detectar variaciones; el ahorro final dependerá de las decisiones y circunstancias de cada hogar o negocio. La plataforma deberá estar operativa en el plazo máximo de un año y el acceso programático (API) a los dos años.
La lectura remota reducirá la necesidad de acceder a viviendas o locales para recoger los datos del contador. Los equipos incorporarán comunicación bidireccional segura, transmisión de alarmas y funciones que ayuden a identificar anomalías o posibles manipulaciones, así como desconexión remota en los supuestos técnicos previstos. La orden exige, además, medidas de ciberseguridad y protección de los datos personales.
El procedimiento de sustitución incluye una comunicación inicial con al menos tres meses de antelación y un aviso de la fecha y franja horaria de la visita con un mínimo de quince días naturales. La instalación no tendrá coste para el usuario, salvo que sea necesario adecuar de forma relevante su instalación interior por incumplimiento de la normativa técnica y de seguridad. El consumidor podrá elegir entre un equipo en propiedad o en alquiler; el nuevo precio de alquiler solo podrá aplicarse cuando el contador esté plenamente integrado en la telegestión y el usuario pueda acceder a sus datos.
Sedigas ve en el despliegue una oportunidad de modernización y digitalización del sector y de desarrollo de una cadena de valor industrial en España en torno a la fabricación, instalación y mantenimiento de los equipos.
Esta renovación acompaña la evolución de las infraestructuras hacia un mayor uso de gases renovables. La orden exige que los nuevos contadores sean compatibles con flujos de gas que contengan al menos un 20 % molar de hidrógeno, una especificación del equipo que no modifica por sí misma los límites de inyección ni la compatibilidad del resto de las instalaciones.
“El siguiente paso es convertir este calendario en un despliegue ordenado, con equipos disponibles y una atención adecuada al usuario. El éxito del plan se medirá en la calidad del servicio y en la utilidad de la información que pongamos a disposición de los consumidores”, concluye Batalla.
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