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José Pérez, presidente de Ecopilas
Hace apenas dos décadas, hablar de China en términos medioambientales era referirse a un país donde la presión sobre el entorno era visible incluso a simple vista. La imagen de ciudades cubiertas por la contaminación formaba parte del imaginario colectivo. Hoy, sin embargo, la realidad ha cambiado de forma notable.
China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, está inmersa en una estrategia deliberada, planificada y ejecutada a gran escala, que busca avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en la reducción de emisiones y la gestión eficiente de los residuos, hasta el punto de que la idea de los ‘cielos azules’ se ha incorporado al propio discurso ambiental chino.
Tuve ocasión de comprobarlo recientemente durante mi participación en el Macao International Environmental Co-operation Forum & Exhibition, celebrado en el marco de la estrategia de la “Ruta de la Seda Verde”, una iniciativa impulsada por el Gobierno chino para integrar criterios de sostenibilidad, descarbonización y economía circular en su modelo de desarrollo y cooperación internacional. En este contexto, se puso de manifiesto hasta qué punto el país ha interiorizado la necesidad de avanzar hacia modelos de cero emisiones y cero residuos en las ciudades. Se trata de un cambio de mentalidad que ya está empezando a arrojar resultados.
En la pasada Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre en Nueva York, China se comprometió a reducir sus emisiones netas entre un 7% y un 10% en 2035, apuntando a la neutralidad de carbono para 2060. Asimismo, el país busca que la energía no fósil represente más del 30% del consumo total también en 2035.
Para ello, ha iniciado una fase de reducción en sus emisiones de CO₂ impulsada por un auge récord en energía solar y eólica y la aceleración de la adopción del vehículo eléctrico. En China, la electrificación de la movilidad no es una tendencia incipiente, sino una realidad ampliamente extendida que abarca no solo turismos, sino también flotas de reparto, motocicletas y vehículos industriales ligeros.
Según un análisis del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), publicado por el portal Carbon Brief, la rápida adopción del vehículo eléctrico -alrededor del 60% de las ventas globales el año pasado- contribuyó en 2025 a una reducción interanual del 5% en las emisiones asociadas a los combustibles para transporte.
El mismo informe señala que las emisiones del sector eléctrico permanecieron prácticamente estables pese a que la demanda de electricidad creció un 6,1% en el tercer trimestre del año. Este comportamiento fue posible gracias al fuerte crecimiento de la generación renovable, con aumentos interanuales del 46% en energía solar y del 11% en eólica.
En este contexto, resultó especialmente significativo comprobar cómo, por primera vez, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y las baterías ocuparon en el foro de Macao un espacio protagonista que hasta ahora no habían tenido. Y no es casualidad. Ambos flujos representan una de las consecuencias más visibles de la electrificación acelerada de la economía y del desarrollo tecnológico asociado a la transición energética. En este sentido, fue para mí un honor poder compartir la experiencia del modelo español y europeo de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), basado en la corresponsabilidad de todos los agentes implicados en la gestión.
Este proceso responde a una lógica cada vez más presente en la política ambiental china: entender que los residuos no son únicamente un problema que gestionar, sino también un recurso estratégico que recuperar y reintroducir en el ciclo productivo. Es, en definitiva, el paso de una lógica basada exclusivamente en la eliminación, mediante incineración, hacia otra centrada en la economía circular y la valorización de materiales.
La experiencia china resulta especialmente reveladora cuando se observa la escala a la que se enfrenta este desafío. Ciudades como Shanghái, con más de 25 millones de habitantes, han alcanzado niveles de gestión de residuos urbanos cercanos al 47%. Una cifra que debe interpretarse en función de la magnitud del reto que supone gestionar los residuos generados por una población equivalente a más de la mitad de la española concentrada en una sola ciudad.
Ante este escenario, la RAP adquiere una relevancia particular. Porque no es solo una herramienta regulatoria. Es, sobre todo, un modelo que ha permitido pasar, también en nuestro entorno, de situaciones poco estructuradas a sistemas organizados de gestión de los residuos, al garantizar su tratamiento adecuado y que los costes de su recogida selectiva y reciclaje recaigan en quienes ponen los productos en el mercado. En definitiva, un sistema que transforma un problema ambiental en un circuito gestionado y controlado.
El interés mostrado por este modelo en foros internacionales refleja hasta qué punto estas soluciones pueden ser útiles más allá de nuestras fronteras. No como fórmulas cerradas, sino como referencias adaptables a diferentes contextos.
En este sentido, China avanza con determinación en su propio camino. Europa, por su parte, cuenta con una trayectoria consolidada. Lejos de plantearse como modelos excluyentes, ambos enfoques pueden y deben dialogar. Porque, en última instancia, la transición hacia una economía circular no es una carrera entre regiones, sino un proceso compartido. Y en ese proceso, aprender unos de otros no es solo una opción, sino una necesidad.
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