La consulta, que se enmarca en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997 del Gobierno, estará abierta desde el miércoles 3 de junio hasta el viernes 26 de junio de 2026 (23 días naturales). Durante este plazo, ciudadanos, organizaciones, empresas y entidades afectadas podrán enviar sus observaciones por correo electrónico a la dirección bzn-sgph@miteco.es (mailto:bzn-sgph@miteco.es).
El objetivo es recabar opiniones sobre los problemas que resuelve la futura ley, la necesidad y oportunidad de la norma, sus objetivos y las posibles alternativas regulatorias y no regulatorias.
Principales novedades de la nueva Directiva y del Anteproyecto de Ley TARU
La Directiva (UE) 2024/3019, conocida como la versión refundida de la normativa de aguas residuales, introduce avances ambiciosos para proteger el medio ambiente, la salud pública y avanzar hacia una economía circular:
- Ampliación del ámbito de aplicación: Baja el umbral para colectores y tratamiento secundario a aglomeraciones de 1.000 habitantes-equivalentes (h-e), frente a los 2.000 actuales.
- Tratamiento cuaternario obligatorio para microcontaminantes (fármacos, cosméticos, plásticos) en plantas grandes, con el principio de “quien contamina paga”: los productores de medicamentos y productos de higiene personal asumirán al menos el 80 % de los costes.
- Neutralidad energética en 2045: las depuradoras deberán generar tanta energía renovable (principalmente biogás) como la que consuman, mediante eficiencia y autoconsumo.
- Reutilización y recuperación de recursos: fomento del uso de aguas depuradas en zonas de estrés hídrico y recuperación de fósforo y nitrógeno de los lodos.
- Acceso universal al saneamiento para 2029, con prioridad a colectivos vulnerables.
- Mejora de la gobernanza y vigilancia epidemiológica: mayor transparencia, monitorización en tiempo real y uso de las aguas residuales como herramienta de alerta sanitaria (lección de la COVID-19).
- Límites más estrictos de nitrógeno y fósforo para combatir la eutrofización.
El Anteproyecto de Ley TARU derogará el Real Decreto-ley 11/1995 y el Real Decreto 509/1996, que regulaban la materia desde hace más de 30 años sin cambios sustanciales, y creará un marco más moderno y ambicioso alineado con el Pacto Verde Europeo.
Impacto en España
España, con más de 5.000 plantas depuradoras y un importante sector agroalimentario, es uno de los países europeos con mayor presión sobre los recursos hídricos. La nueva norma permitirá reducir la contaminación remanente en pequeñas aglomeraciones, controlar mejor los desbordamientos por lluvias y avanzar en la circularidad del agua, un aspecto clave en un país con frecuentes sequías.El MITECO destaca que la transposición mediante ley (y no solo decreto) responde a la complejidad y trascendencia de las nuevas obligaciones, que afectarán a ayuntamientos, operadores de saneamiento, industria farmacéutica y cosmética, y ciudadanos.El documento completo de la consulta pública previa está disponible en la web del MITECO:
Las aportaciones recibidas se tendrán en cuenta en la redacción definitiva del anteproyecto, que posteriormente pasará a los trámites formales de audiencia e información pública.
Con esta consulta, España da el primer paso formal para modernizar uno de los pilares de su política de aguas y cumplir con los exigentes estándares ambientales y sanitarios europeos para las próximas décadas.
