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El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE 26-30), que incluye 13 medidas estructurales basadas en la equidad energética para garantizar un acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía.
La nueva hoja de ruta da continuidad a la anterior estrategia 2019-2024 —la primera elaborada en España— y consolida una nueva generación de políticas públicas orientadas a reconocer la energía como un derecho básico y condición necesaria para una vida digna. La ENPE 26-30 es fruto de un proceso participativo con entidades sociales, sector académico y empresarial, que ha incluido además un proceso de escucha directa a hogares vulnerables.
Su diseño llega tras un periodo marcado por la pandemia de la Covid-19 y la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, que obligaron a adoptar medidas coyunturales como el Mecanismo Ibérico, rebajas fiscales y el refuerzo del bono social eléctrico, cuyo descuento alcanzó el 80% para los consumidores más vulnerables, además de la implantación del Suministro Mínimo Vital y la prohibición del corte de suministros.
Desde 2018, la carga energética media de los hogares —el porcentaje de ingresos destinado a pagar la energía— se ha reducido un 3,5%, pasando de 1.111 a 1.072 euros anuales en términos corrientes. En los hogares situados en los deciles de renta más bajos, la reducción alcanza el 24,7%.
Asimismo, la cobertura del bono social eléctrico ha crecido un 60% desde 2018, pasando de 1,07 millones a 1,72 millones de hogares beneficiarios.
La nueva estrategia plantea adaptar la normativa para limitar el acceso al bono social eléctrico y al bono social térmico a los hogares con rentas altas, con el fin de cerrar la brecha de cobertura y garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. También contempla facilitar el acceso a los potenciales beneficiarios y reforzar la protección frente a prácticas comerciales que puedan perjudicar a los consumidores vulnerables.
Parte de estas medidas ya han sido incorporadas al Real Decreto 88/2026, que aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica.
La ENPE 26-30 se articula en torno a cuatro ejes de actuación:
Caracterización de la pobreza energética, con la creación de un Observatorio específico que centralice datos, promueva el intercambio técnico y facilite la toma de decisiones públicas.
Protección de los consumidores, garantizando el suministro a personas vulnerables y electrodependientes y mejorando la cobertura del bono social.
Mejora estructural de las condiciones energéticas, con impulso a la rehabilitación de viviendas de consumidores vulnerables, ayudas directas y un nuevo desarrollo del CAE social.
Coordinación interadministrativa, comunicación y sensibilización, mediante asesoramiento directo y refuerzo de la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad.
En el ámbito estructural, la estrategia fomentará la rehabilitación energética de viviendas vulnerables, con apoyo de fondos públicos y del Plan Social para el Clima, que contará con unos 9.000 millones de euros durante el periodo de vigencia.
También se potenciarán los Certificados de Ahorro Energético (CAE) para actuaciones dirigidas a hogares vulnerables, estudiando la aplicación de factores multiplicadores que incrementen el valor del ahorro generado y aceleren el retorno de la inversión en climatización y mejora de envolventes.
El objetivo es que un 12% de los ahorros del sistema CAE proceda de actuaciones de eficiencia energética en hogares vulnerables, ampliando el catálogo de actuaciones estandarizadas y priorizando rehabilitaciones pasivas frente a medidas activas.
La estrategia prevé la creación de un Observatorio sobre pobreza energética, con visibilidad en la web del MITECO, y el despliegue de la nueva Red-Actúa, destinada a coordinar mejor a las administraciones y ofrecer asesoramiento energético específico a consumidores vulnerables.
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) será el responsable de implementar esta medida, impulsando la formación de agentes cualificados y la creación de oficinas de atención a colectivos vulnerables.
Con esta nueva estrategia, el Gobierno busca consolidar los avances logrados en los últimos años y reforzar un enfoque estructural que combine protección social, eficiencia energética y transición ecológica justa.
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