Empresas Premium
La utilización masiva de envases desechables de cartón para productos de consumo, una decisión adoptada por las empresas, ha provocado un incremento sostenido en la generación de residuos que gestionan los ayuntamientos.
Según la normativa europea y española, el principio de responsabilidad ampliada del productor (RAP) obliga a las empresas a financiar los costes de gestión de los residuos generados por los productos que ponen en el mercado al final de su vida útil. Sin embargo, en la práctica, una parte relevante de estos costes no está siendo cubierta por las compañías, lo que obliga a las entidades locales a trasladar el déficit a la tasa de basuras.
Desde ESGREM señalan que “los ayuntamientos están asumiendo unos costes que, según la normativa vigente, corresponden a las empresas que ponen los productos envasados en el mercado”. Añaden que esta situación está trasladando a la tasa de basuras un gasto que deberían asumir las empresas si los sistemas de responsabilidad ampliada del productor funcionaran con normalidad y agilidad.
El problema resulta especialmente significativo en el caso de los envases comerciales de cartón, cuya recogida y gestión supone para los ayuntamientos españoles un coste neto estimado de 200 millones de euros anuales, según un informe elaborado para ESGREM a partir del análisis de los costes municipales de gestión de residuos.
Se trata de un flujo de residuos directamente vinculado a la actividad empresarial, pero cuya financiación sigue recayendo mayoritariamente en las entidades locales. El resultado es un impacto económico que puede alcanzar hasta 10 euros al año por vivienda en la tasa de basuras.
Aunque la normativa establece que los productores deben asumir estos costes desde el 1 de enero de 2025, los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada todavía no están plenamente organizados para hacerlo. Esto mantiene la presión financiera sobre los servicios municipales de recogida y tratamiento de residuos.
Ante esta situación, las entidades locales reclaman al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a las comunidades autónomas y a las empresas que inicien las negociaciones necesarias para formalizar los convenios que permitan que las compañías financien la recogida del cartón comercial.
El objetivo es que se cumpla de forma efectiva la normativa vigente y que el coste de los residuos generados por la actividad empresarial no continúe repercutiendo en la ciudadanía a través de la tasa municipal de basuras.
|
