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La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha presentado esta mañana un nuevo paquete de ayudas a la descarbonización y la competitividad, dotado con 2.000 millones de euros aproximadamente.
Se destinarán a proyectos que refuercen la cadena de valor industrial y el impulso de la transición energética en general, con apoyo para movilidad eléctrica, soluciones renovables innovadoras, la repotenciación y el almacenamiento, entre otras. Además, muchas de las actuaciones beneficiarias podrán ejecutarse después del 31 de agosto de 2026, fecha límite para justificar las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
“A un mes de que se cumplan los cuatro años del Perte Erha, se han desplegado medio millón de actuaciones de todo tipo y ahora le damos continuidad con este nuevo paquete de medidas orientadas a seguir aprovechando la descarbonización para fomentar la competitividad en cuatro ejes: cadena de valor industrial, integración de soluciones renovables en el tejido económico, nuevo impulso a la movilidad eléctrica, y soluciones térmicas innovadoras en ámbitos industrial y residencial. En suma, este paquete nos permitirá avanzar en el modelo que nos ha permitido ser una referencia económica y medioambiental, de modernización industrial y de lucha contra el cambio climático”, ha afirmado la vicepresidenta Aagesen durante su intervención, que puede consultarse aquí.
El nuevo paquete se nutre de fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y alguna de sus líneas más relevantes se incardinan en el Marco Europeo de Ayudas Estatales para la Industria Limpia (CISAF), aprobado el pasado junio. El CISAF permite adjudicar las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2028 –y distribuirlas más allá en algunos casos–, de modo que se aporta más seguridad a las iniciativas relativas a la cadena de valor industrial.
La Comisión ya ha aprobado un régimen de ayudas de 700 millones en virtud del CISAF y se espera que otros proyectos financiados con el PRTR, pero particularmente complejos, como los geotérmicos, puedan ejecutarse después del plazo límite del PRTR, el 31 de agosto de 2026.
En junio se otorgaron 300 millones para 33 proyectos de cadena de valor en 12 comunidades autónomas, con el foco en fotovoltaica, eólica, bombas de calor, electrolizadores y componentes asociados. Ahora se prevén nuevas convocatorias –ya hay una en tramitación–, con una dotación de 300 a 350 millones, que también abarcará la fabricación de otros equipos cubiertos por el CISAF, relativos a la eficiencia energética, la red eléctrica o tecnologías industriales transformadoras, como los hornos de arco eléctrico.
En este mismo capítulo se enmarca una nueva línea destinada a adaptar las infraestructuras portuarias para desarrollar tecnologías renovables como la eólica marina, con unos 200 millones, cuya tramitación se inició el pasado mes de julio.
Y se mantendrá el fomento del hidrógeno renovable, al que ya se han otorgado más de 3.000 millones en numerosas líneas de apoyo. Las nuevas ayudas aportarán fondos tanto a la inversión inicial de los proyectos (Capex) como a la producción del hidrógeno (Opex), con una dotación de 300 a 450 millones.
La primera convocatoria de la línea de ayuda de repotenciación permitió adjudicar 186 millones en octubre de 2023. Ahora, de acuerdo con iniciativas como la futura Hoja de Ruta Nacional para la Dinamización de la Repotenciación, se lanzará una segunda convocatoria, centrada en la eólica, que también fomente la hibridación de las instalaciones con almacenamiento, con un presupuesto de 300 a 350 millones.
Igualmente, habrá una segunda convocatoria de ayudas para centrales de bombeo hidroeléctrico, básicas para disponer de más almacenamiento de energía, con una dotación de 100 millones, idéntica a la primera convocatoria, fallada en julio de 2024.
Y también habrá una nueva convocatoria para renovables innovadoras con almacenamiento, después de que en julio se asignasen 148,5 millones a la primera. La buena acogida y la capacidad transformadora de proyectos agrivoltaicos, de fotovoltaica flotante o de integración en infraestructuras, animan a destinarles una horquilla de 150 a 200 millones.
Por otro lado, ya se está tramitando una orden ministerial para permitir que proyectos de renovables financiados con el PRTR, pero particularmente complejos, como los de geotermia –se adjudicaron 120 millones en febrero de 2024–, energías marinas o biogás, amplíen su plazo de ejecución hasta más allá de agosto de 2026. La orden se aprobará tras recibir la conformidad de la Comisión Europea de que encajan en el nuevo esquema de ayudas establecido para mejorar la absorción de fondos comunitarios del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Con relación a la movilidad eléctrica, el paquete incluye dos convocatorias para impulsar áreas que requieren de acompañamiento, después de que las distintas convocatorias de los programas Moves hayan dispuesto de 2.735 millones en los últimos ejercicios.
La primera se refiere a la instalación de puntos de recarga en grandes vías, con un nuevo Moves Corredores, al que se destinarán de 150 a 200 millones. Y la segunda atenderá a la consolidación de flotas de reparto electrificadas, con un nuevo Moves Flotas que recibirá 50 millones.
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