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Expertos jurídicos y representantes del sector analizan el impacto de la nueva Directiva europea y el aumento de la litigiosidad penal en siniestros industriales.
Expertos en derecho penal ambiental y representantes del sector analizaron el aumento de causas penales, la falta de filtros en la apertura de diligencias y el impacto reputacional sobre empresas y profesionales
La creciente judicialización penal de incidentes medioambientales está generando preocupación en el sector industrial y de la gestión de residuos. Durante una sesión celebrada en la oficina de Uría Menéndez en Madrid, expertos en derecho penal ambiental y representantes del sector analizaron el aumento de causas penales, la falta de filtros en la apertura de diligencias y el impacto reputacional sobre empresas y profesionales. Un escenario que se puede incrementar con la próxima transposición de la nueva Directiva europea sobre delitos medioambientales, que endurecerá penas y ampliará el catálogo de conductas. En esta jornada participaron Luis Palomino, secretario general de ASEGRE, y los abogados de Uría Menéndez Jon Salinas, Jesús Sedano e Ismael Clemente.
Entre las principales preocupaciones del sector se analizó la indefinición entre la responsabilidad administrativa y la penal, la ausencia de criterios técnicos homogéneos para evaluar riesgos y daños, el riesgo reputacional asociado a filtraciones mediáticas y la complejidad para los directivos investigados, ya que estos procesos duran años y, en muchos casos, acaban archivándose.
También se destacó la necesidad de una mayor especialización dentro de los órganos judiciales y cuerpos policiales, aumento de recursos para la administración ambiental, una mayor claridad normativa y un uso proporcionado del derecho penal para que se utilice como un auténtico último recurso. Asimismo, se subrayó la importancia de que las empresas del sector cuenten con programas de compliance, protocolos de gestión de crisis y revisión de seguros específicos.
En su intervención, Luis Palomino, de ASEGRE, asociación que representa a los gestores de residuos industriales, subrayó que el sector de la gestión de residuos mantiene un firme compromiso con la protección del medio ambiente, la transparencia y el cumplimiento normativo, destacando que estas empresas desempeñan un papel estratégico para la economía circular y la transición ecológica en España. También defendió la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria para garantizar un entorno donde la prevención, la inversión tecnológica y el rigor técnico sean reconocidos. Asimismo, llamó a evitar un uso desproporcionado del derecho penal para que no se genere incertidumbre operativa y se eviten frenar proyectos industriales vinculados a la sostenibilidad.
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