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El Cercle d’Economia de Mallorca acogió el pasado 16 de febrero la visita del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en el transcurso de la cual se organizó una jornada de trabajo en la que se han abordado las consecuencias del cambio climático en la economía y los sectores productivos y las posibles soluciones para hacerle frente.
Hernández de Cos dejó claro desde el principio que “el avance hacia una economía de bajas emisiones implica riesgos de transición, derivados de la necesaria adaptación del modelo productivo. En este contexto, es imprescindible que las políticas públicas contribuyan activamente a la transición ecológica. Los Gobiernos, en particular, han de desempeñar un papel protagonista en este proceso. Ellos gozan de la necesaria legitimidad democrática para establecer la hoja de ruta y disponen, además, del conjunto de instrumentos más adecuado para alcanzar los objetivos propuestos, en especial a través de la política fiscal y regulatoria”.
En su intervención, el gobernador del Banco de España, aseguró también que la materialización de estos riesgos que pueden provocar el cambio climático puede operar a través de diversos canales: “Pueden provocar disrupciones en la oferta de la economía, a través de alteraciones en los procesos productivos, el deterioro del capital físico, una menor productividad y una mayor mortalidad. Por otro lado, la demanda se vería afectada como consecuencia de los efectos negativos de los eventos climáticos sobre la riqueza y la incertidumbre, lo que impactaría sobre las decisiones de consumo e inversión de los hogares y las empresas”.
Así, un año de una sequía o una ola de calor severa supondría una ralentización notable del crecimiento económico y un aumento de la inflación, junto con una caída del precio de la vivienda. Todo ello se materializaría en un “decrecimiento del PIB del –1,3 pp, con una disminución del 4,2 % en el precio de la vivienda y de un aumento de 1,5 pp en la inflación”.
Sin embargo, el gobernador del Banco de España apuntó en su intervención en el Cercle de Mallorca que “los efectos económicos son heterogéneos por sectores, dependiendo principalmente de su exposición a las condiciones meteorológicas. Los sectores más afectados en términos de valor añadido bruto serían la construcción, las industrias extractivas, la silvicultura y la pesca, así como los relacionados con el transporte”.
En cuanto al sector financiero, este se encontraría muy expuesto a los riesgos asociados al cambio climático al financiar a otros sectores, incluidos los que están expuestos a fenómenos meteorológicos extremos o aquellos que no son necesariamente respetuosos con el medio ambiente. En particular, “la materialización de las sequías y las olas de calor severas implicaría una reducción de 0,2 puntos porcentuales en la ratio de CET1 de las entidades españolas”, añadió.
Para el gobernador, el sector bancario reaccionaría probablemente “desapalancándose, lo que mitigaría parte del impacto sobre la solvencia mencionado, aunque agravaría el impacto macroeconómico”.
A su vez, en lo que respecta a las consecuencias económicas y financieras de la desertificación, de Cos presentó un estudio en el que analiza la relación entre el crédito a las sociedades no financieras y la aridez. Según dicho estudio, la mayor aridez se asocia a un menor volumen de crédito a sociedades no financieras, particularmente en los horizontes temporales más largos. En concreto, “un aumento del índice de aridez de un punto porcentual se asocia a una caída de 20 puntos básicos en el volumen de crédito a largo plazo. Sin embargo, es necesario un período de tiempo de entre diez y quince años para que este efecto sea estadísticamente significativo”. Pero el impacto de la aridez sobre el crédito varía por sectores, siendo la agricultura la más afectado, evidentemente, con una reducción de “en torno a 25 puntos básicos a lo largo de un período de 20 años tras un aumento de 1 punto porcentual en el índice de aridez”.
Las inundaciones son otro tipo de fenómeno meteorológico extremo que puede generar riesgos físicos, señaló el gobernador. Al respecto, según el Banco de España “un 1,3 % de las viviendas que actúan como garantía hipotecaria en España se encuentra en zonas inundables en un horizonte de diez años. Si se consideran horizontes temporales más largos, de 50 y 500 años, esta proporción aumenta hasta el 2,7 % y el 7,7 %, respectivamente”.
A su vez, la degradación medioambiental severa puede generar también impactos económicos y financieros adversos en el valor de las garantías inmobiliarias. Como ejemplo notable, de Cos señaló el caso del Mar Menor. Según un documento del Banco de España que citó el gobernador, la percepción por parte de los ciudadanos de la degradación medioambiental en el Mar Menor ha supuesto que la rentabilidad de la inversión en vivienda fuera un 43 % inferior en los alrededores del Mar Menor que en zonas circundantes comparables en el período 2015- 2021, período de seis años a partir del momento en el que la laguna empezó a reflejar el impacto de la degradación del ecosistema.
Para dar solución al problema del cambio climático, el responsable del Banco de España expuso que las autoridades están adoptando medidas que “aumentan el coste implícito de las emisiones de GEI, a través de la subida de los precios del carbón, estableciendo estándares regulatorios que penalizan el uso de tecnologías contaminantes («marrones») y/o promoviendo la inversión pública y privada en tecnologías verdes”. Todo ello le llevó a considerar que “en algunos casos estas actuaciones pueden generar efectos negativos sobre el poder adquisitivo de los hogares, la rentabilidad de las empresas, la estabilidad de los mercados financieros o los déficits públicos”.
Por todo ello, Pablo Hernández de Cos quiso dejar claro que “estos resultados ilustran que la transición hacia una economía más sostenible tendrá una incidencia desigual entre las distintas regiones, ramas de actividad, empresas y hogares”, afirmó en su intervención el gobernador. “De hecho, estos procesos tendrán, previsiblemente, un especial impacto adverso sobre algunos de los colectivos de empresas y de hogares que son particularmente vulnerables, entre otros motivos, porque, dado su patrón de consumo y de producción, estos colectivos se verán relativamente más afectados por un posible incremento de la fiscalidad medioambiental. Destinar parte de los ingresos fiscales derivados de las políticas de lucha contra el cambio climático a compensar a los más perjudicados por ese proceso y facilitar su adaptación resultará crucial tanto para minimizar los costes de transición como para garantizar el apoyo social al proceso”, añadió.
