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Joan Batalla, presidente de la Asociación Española del Gas (Sedigas)
En los próximos meses, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) deberá definir el nuevo marco retributivo de las actividades reguladas del sector gasista para el periodo 2027-2032. A primera vista, podría parecer un ejercicio de ajuste técnico, centrado en la revisión de parámetros regulatorios, metodologías de cálculo o en la determinación de una tasa de retribución financiera acorde con las condiciones del mercado. Sin embargo, esta revisión trasciende con mucho el ámbito estrictamente regulatorio. Se trata, en realidad, de una decisión de alcance estratégico que condicionará de forma directa la seguridad de suministro, la competitividad económica de España y su capacidad para avanzar de manera ordenada, eficiente y socialmente sostenible en la transición energética durante la próxima década.
El marco retributivo no es un elemento accesorio de la regulación del sistema energético. Constituye uno de sus pilares estructurales, ya que de él dependen la viabilidad económica de infraestructuras críticas, la confianza inversora y la capacidad del sistema para adaptarse a un entorno crecientemente complejo e incierto. En un contexto marcado por la volatilidad macroeconómica, la tensión geopolítica y la aceleración de los objetivos climáticos resulta imprescindible disponer de redes energéticas robustas, resilientes y bien mantenidas. Y en ese ecosistema, las infraestructuras gasistas desempeñan un papel insustituible.
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