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Alfredo Berges, Presidente de la Asociación Española de Normalización, UNE, Presidente del Observatorio de Vigilancia de Mercado (OVM) y Director general de ANFALUM.
Alfredo Berges
Europa está viviendo una transformación normativa de gran calado en materia de seguridad de los productos y vigilancia de mercado. Tras años de debate, de consultas públicas y de diálogo entre instituciones, industria y sociedad civil, asistimos a la entrada en vigor de un nuevo marco regulatorio que cambiará profundamente la forma en que se fabrican, se comercializan y se supervisan los productos en la Unión Europea.
La publicación del Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR) en 2023, que comenzará a aplicarse en diciembre de 2024, junto con la aprobación de la nueva Directiva de Responsabilidad por Productos Defectuosos y la inminente revisión de la Directiva de Seguridad de los Juguetes, no es un simple ejercicio de actualización legislativa. Supone, en realidad, un cambio de paradigma que refuerza el mercado único, protege a los consumidores y exige un esfuerzo de adaptación y responsabilidad a toda la cadena de valor.
El GPSR introduce una novedad esencial: todos los productos que se vendan en Europa deberán tener un operador económico responsable dentro de la Unión. Esto es especialmente relevante en un contexto de globalización y digitalización, donde millones de productos se adquieren cada día a través de plataformas online, muchos de ellos procedentes de terceros países y sin garantías de seguridad suficientes.
Con esta medida, la Comisión Europea envía un mensaje inequívoco: la seguridad no es negociable y será la llave que permita a los productos competir en igualdad de condiciones en el mercado único. Para los fabricantes europeos, que históricamente han asumido los más altos estándares de calidad, esta exigencia no es un obstáculo, sino una garantía de diferenciación.
La Directiva de Responsabilidad por Productos Defectuosos, adoptada en 2024, amplía de manera significativa la protección de los consumidores europeos. La norma elimina umbrales económicos que antes dificultaban la reclamación de daños, simplifica la carga de la prueba y, lo más innovador, reconoce perjuicios hasta ahora no contemplados, como la pérdida de datos digitales o los daños psicológicos derivados de productos defectuosos.
Hablamos, por tanto, de una adaptación sin precedentes del derecho europeo a la era de la conectividad, la inteligencia artificial y la economía digital. El ciudadano estará más protegido frente a fallos en dispositivos inteligentes, sistemas interconectados o plataformas digitales, ámbitos donde la línea entre lo físico y lo digital se difumina cada vez más.
La revisión de la Directiva de Seguridad de los Juguetes es otro ejemplo de la determinación europea en esta materia. Europa ya contaba con la normativa más estricta del mundo en cuanto a requisitos químicos, mecánicos y sanitarios. Ahora, el reto consiste en garantizar que esas exigencias se apliquen de manera efectiva en un mercado en el que proliferan juguetes de bajo coste, importados en muchos casos sin controles adecuados.
De poco sirve disponer de la legislación más avanzada si los productos que llegan a los hogares europeos escapan al control de las autoridades. Aquí es donde la vigilancia de mercado se convierte en el elemento imprescindible para que las normas no se queden en papel mojado.
En este contexto, el Observatorio de Vigilancia de Mercado (OVM), impulsado por UNE y que tengo el honor de presidir, cobra más relevancia que nunca. El Observatorio se ha consolidado como un espacio de cooperación público-privada donde empresas, asociaciones sectoriales, administraciones y consumidores analizan juntos los retos y proponen soluciones para mejorar el cumplimiento de las normas.
El Informe Anual 2024 del OVM refleja con claridad la magnitud de los desafíos: productos que no cumplen con los requisitos de seguridad siguen circulando, sectores que invierten en certificaciones y ensayos se ven perjudicados por la competencia desleal, y la fragmentación de recursos entre distintas administraciones dificulta la eficacia de los controles.
Pero también muestra el valor de la colaboración: cada vez más sectores se suman al Observatorio, aportando datos, experiencias y propuestas que enriquecen el debate y permiten diseñar políticas más ajustadas a la realidad.
Conviene insistir en una idea que suele pasar desapercibida: la vigilancia de mercado no es un obstáculo burocrático, sino una palanca de competitividad. Los fabricantes que cumplen con la normativa deben tener la certeza de que no compiten en desventaja frente a quienes la incumplen.
Cuando un producto inseguro o no conforme llega al mercado, el perjuicio es doble: por un lado, se pone en riesgo la salud y la confianza de los consumidores; por otro, se daña a las empresas que sí han hecho un esfuerzo por cumplir.
La vigilancia de mercado, por tanto, es un mecanismo de justicia económica. Es la condición necesaria para que el cumplimiento de las normas sea percibido como una ventaja competitiva y no como una carga adicional.
En España, la industria está comprometida con esta visión. Asociaciones como ANFALUM, que represento como director general, llevan años trabajando para que la normativa sea clara, proporcionada y eficaz. Pero reclamamos también que la vigilancia cuente con medios suficientes: personal especializado, coordinación entre administraciones autonómicas y nacionales, y colaboración con los organismos europeos.
Europa se juega mucho en esta materia. El mercado único es uno de los grandes logros comunitarios, pero su credibilidad depende de que las normas sean cumplidas por todos. No podemos permitir que los productos inseguros socaven la confianza en el sistema, ni que la burocracia excesiva ahogue la innovación y la competitividad de nuestras empresas.
La legislación avanza, la tecnología acelera y la sociedad exige más seguridad, más calidad y más responsabilidad. En este cruce de caminos, la misión de las organizaciones que represento es clara: garantizar que la seguridad de los productos, la vigilancia de mercado y la responsabilidad empresarial sean pilares sólidos del modelo europeo.
La normalización, a través de la Asociación Española de Normalización, UNE, ofrece el marco técnico para que las normas sean claras y aplicables. El Observatorio de Vigilancia de Mercado permite identificar carencias y proponer soluciones conjuntas. Y desde ANFALUM, como voz de la industria de la iluminación, defendemos que este esfuerzo colectivo se traduzca en un mercado más justo, competitivo y sostenible.
Como presidente de UNE, del OVM y director general de ANFALUM, estoy convencido de que la simplificación administrativa, unida a una vigilancia de mercado firme y eficaz, es la fórmula que permitirá a Europa liderar un modelo industrial basado en la confianza, la seguridad y la innovación.
No se trata solo de proteger al consumidor, que por supuesto es la prioridad, sino también de garantizar que la industria europea pueda seguir siendo referente mundial. La seguridad, en este nuevo tiempo, no es un coste: es un valor, un activo y un pasaporte para competir en igualdad de condiciones en el siglo XXI.
