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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que la Ley alemana de cogeneración no constituye ayuda de Estado
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó el pasado 9 de julio que el mecanismo de financiación de la cogeneración alemana —la Ley KWKG— no constituye ayuda de Estado. La sentencia del asunto C-242/24 P desestima el recurso de la Comisión Europea contra el fallo del Tribunal General de 24 de enero de 2024 y cierra una disputa prolongada con el Gobierno federal alemán.
El fallo refuerza la capacidad de los Estados miembros para diseñar instrumentos de apoyo a la cogeneración sin someter el modelo alemán de recargo a la calificación de subvención pública. La Asociación Alemana de Cogeneración (B.KWK) ha señalado que la decisión facilita la ampliación y la reforma de las compensaciones en Alemania.
La Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN) considera que la sentencia trasciende el caso alemán y tiene especial relevancia para España, que acaba de aprobar el nuevo marco de subastas para 1.200 MW. El sector estima que concurrirán más de 200 industrias, que completarán las inversiones asociadas antes de cinco años.
En paralelo, el Congreso de los Diputados tramita propuestas legislativas para ampliar la vida útil de las cogeneraciones existentes hasta 2031 y evitar cierres irreversibles hasta que puedan completar las inversiones.«En España estamos promoviendo medidas legislativas para que las plantas existentes puedan mantener su operación y seguir apoyando la competitividad industrial y la seguridad del sistema eléctrico hasta completar las inversiones planificadas de las subastas ya promulgadas», afirma Javier Rodríguez, director general de ACOGEN.
La Asociación solicita al Congreso la aprobación urgente de la ampliación de esta medida transitoria —presentada como enmienda en la tramitación parlamentaria de la Ley de Comercio de Emisiones— para permitir la operación hasta 2031 de las plantas cuya vida útil regulatoria expire.Compensación, no distorsión de la competenciaLa sentencia del TJUE es clara en el debate jurídico sobre la compatibilidad de estos mecanismos con el derecho europeo.
«El tribunal confirma que apoyar la cogeneración no es distorsionar la competencia», aclara Rodríguez. «La retribución regulada de la cogeneración no es una ayuda de Estado, sino una compensación a los beneficios que aporta esta tecnología a la competitividad industrial, a la eficiencia de los sistemas energéticos y a la seguridad de suministro, que redundan en menores costes para los consumidores».
España ha perdido la mitad de su capacidad de generación eléctrica mediante cogeneración en un momento crítico para la competitividad industrial y para la seguridad de suministro. Según ACOGEN, si no se hubieran parado estas instalaciones, el sistema no habría tenido que detener cinco veces a la industria electrointensiva en lo que va de año ante el riesgo de un nuevo apagón.
«La cogeneración constituye una infraestructura energética esencial para el país. Debemos poner de relieve las graves consecuencias que supone su pérdida», señala Rodríguez.
Sectores estratégicos como la cerámica, la alimentación, la química, el papel, el refino o la automoción han visto reducir su competitividad energética. El retroceso de la cogeneración ha afectado a la eficiencia energética nacional, a la seguridad de suministro y a la estabilidad del sistema eléctrico.Las subastas españolasLa expectación en el sector es máxima.
ACOGEN estima que unas 200 industrias movilizarán más de 2.000 millones de euros en las subastas de cogeneración. La primera convocatoria se celebrará el 10 de diciembre de 2026, de acuerdo con la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica conocida el pasado julio.Este nuevo ciclo de inversión transformará el parque cogenerador —que emplean 400 industrias alimentarias, papeleras, químicas, cerámicas, de refinería y de otros sectores en todo el país— para afrontar un futuro más competitivo y sostenible, y para apoyar la transición y la seguridad de los sistemas energéticos.
El marco que regula las subastas de 1.200 MW fue promulgado el 4 de julio, poniendo fin a cinco años de espera. Durante ese tiempo, más de 300 instalaciones industriales dejaron de operar al finalizar su vida útil regulatoria por los retrasos normativos.
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