La asociación considera que la nueva Directiva supone una oportunidad para modernizar el sector del saneamiento y la depuración, impulsar la economía circular, mejorar la eficiencia energética, fomentar la reutilización del agua y reforzar el control de los microcontaminantes. Sin embargo, advierte de que estos avances no serán viables sin una financiación suficiente, estable y finalista.
AEOPAS defiende que la futura ley no debe limitarse a trasladar nuevas obligaciones a los municipios y operadores, sino que debe incorporar desde el inicio un marco económico que garantice el cumplimiento de los objetivos europeos sin generar cargas excesivas sobre las entidades locales o las tarifas de saneamiento.
Entre sus propuestas figura la creación de un Programa Estatal de Implantación 2027-2045, que incluya un inventario de actuaciones, calendario de ejecución, prioridades ambientales, estudios de costes, fuentes de financiación y mecanismos de seguimiento. La asociación considera que este programa debe convertirse en la herramienta central para planificar las inversiones necesarias en tratamiento secundario, terciario y cuaternario, renovación de infraestructuras, control de desbordamientos, digitalización y vigilancia ambiental.
Asimismo, AEOPAS reclama la creación de un Fondo Estatal Finalista de Saneamiento, Depuración, Drenaje Urbano y Tratamientos Avanzados, financiado mediante recursos estatales, fondos europeos, aportaciones autonómicas, cánones finalistas e instrumentos vinculados a la responsabilidad ampliada del productor.
Uno de los aspectos que más preocupa a la asociación es la financiación del tratamiento cuaternario destinado a eliminar microcontaminantes. La Directiva establece que los fabricantes de determinados medicamentos, cosméticos y productos de higiene personal deben asumir al menos el 80% de estos costes. Por ello, AEOPAS solicita que se implante un sistema estatal de responsabilidad ampliada del productor (RAP) plenamente operativo, suficiente y transparente antes de trasladar las inversiones a operadores y ayuntamientos.
La entidad recuerda que los costes asociados a este tratamiento no se limitan a la construcción de instalaciones, sino que incluyen también explotación, consumo energético, reactivos, reposición de equipos, controles analíticos, gestión de residuos y costes administrativos y financieros.
Para garantizar una aplicación adecuada del sistema, AEOPAS propone la creación de una Mesa Técnica Estatal de Responsabilidad Ampliada del Productor y Tratamiento Cuaternario, con participación de administraciones, operadores, entidades locales, organismos de cuenca, sectores obligados, autoridades sanitarias y consumidores.
La asociación también alerta sobre el impacto que las nuevas exigencias pueden tener en los pequeños municipios, especialmente aquellos con menor capacidad económica o situados en zonas rurales, insulares o de montaña. Por ello, reclama que la financiación incorpore criterios de cohesión territorial, asistencia técnica supramunicipal y apoyo específico para las poblaciones con mayores dificultades.
Según AEOPAS, la transposición de la Directiva debe garantizar un equilibrio entre ambición ambiental y viabilidad económica, considerando el saneamiento como una política pública estratégica vinculada a la salud pública, la protección de los recursos hídricos, la resiliencia climática y el desarrollo territorial.
“La nueva Directiva es ambiciosa y necesaria, pero los objetivos ambientales sin financiación suficiente corren el riesgo de convertirse en papel mojado”, señala la asociación, que concluye que “sin financiación suficiente no habrá cumplimiento real, ni ríos más limpios, ni playas más seguras, ni servicios públicos preparados para afrontar los retos ambientales de las próximas décadas”.
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