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Ayuntamientos y operadores del sector del agua coincidieron este jueves en la necesidad de abordar una revisión de las tarifas del agua que permita acometer las inversiones urgentes que requieren las infraestructuras hidráulicas en España.
La conclusión se puso de manifiesto durante la mesa redonda “Inversión y tarifas: el debate municipal”, celebrada en la jornada de clausura del 38º Congreso DAQUAS, que ha reunido en Madrid a representantes institucionales, operadores y expertos del sector.
Los participantes advirtieron de que la falta de inversión acumulada está contribuyendo al deterioro de las redes de abastecimiento y saneamiento, además de dificultar el cumplimiento de las exigencias ambientales europeas, una situación que ya ha derivado en sanciones millonarias por parte de la Unión Europea.
Durante el debate se defendió que la sostenibilidad del servicio exige una combinación de planificación a largo plazo, financiación suficiente y una mayor pedagogía social para explicar a la ciudadanía el coste real de captar, potabilizar, distribuir, depurar y regenerar el agua.
La mesa contó con la participación de representantes de los ayuntamientos de Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Montmeló y Benidorm, junto a directivos de Aqualia, Veolia y Facsa.
El concejal del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Mundina, destacó que los municipios son los responsables directos de garantizar la calidad y continuidad del servicio, aunque reclamó una mayor implicación de las administraciones autonómicas y estatales para afrontar las inversiones necesarias.
Por su parte, la directora de Operaciones y Tecnología de Aqualia, Rocío Santiago, defendió que la planificación resulta esencial para anticiparse a los problemas antes de que se conviertan en situaciones críticas. Según explicó, España dispone del conocimiento técnico necesario para afrontar los desafíos del sector, pero necesita acompañarlo de financiación estable y decisiones sostenidas en el tiempo.
Desde el Ayuntamiento de Benidorm, Juan Díaz subrayó la importancia de implicar a la ciudadanía en la gestión del agua y de trasladar de forma transparente el esfuerzo técnico y económico que existe detrás del servicio.
Uno de los mensajes más repetidos durante la sesión fue la necesidad de abordar el debate tarifario desde la responsabilidad institucional y alejándolo de planteamientos simplistas.
Los participantes coincidieron en que las tarifas deben permitir no solo cubrir los costes operativos del servicio, sino también financiar la renovación de redes, la modernización de instalaciones, la digitalización de procesos, la mejora de la eficiencia energética y la adaptación a fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes.
En este sentido, el alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, defendió que no resulta coherente exigir servicios económicamente sostenibles si no existen mecanismos que permitan que las tarifas reflejen los costes reales del sistema. A su juicio, la sostenibilidad económica del agua debe convertirse en una obligación estructural y no depender de decisiones condicionadas por los ciclos políticos.
La jornada también acogió la mesa “Finanzas sostenibles en el agua urbana: de la teoría a proyectos financiables reales”, donde representantes de Canal de Isabel II, Aqualia, EMASESA y Veolia analizaron las fórmulas necesarias para convertir las necesidades de inversión del sector en proyectos viables.
Los expertos coincidieron en que la modernización del ciclo urbano del agua requiere modelos financieros capaces de combinar criterios ambientales, estabilidad regulatoria, planificación técnica y colaboración público-privada para impulsar actuaciones concretas sobre infraestructuras y servicios.
Otro de los asuntos destacados del Congreso fue la creciente influencia de la normativa europea sobre la gestión del agua. Durante la sesión “El futuro del agua se juega en Europa”, representantes de la Comisión Europea insistieron en la necesidad de acelerar las medidas contempladas en la nueva Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica para responder a la presión creciente sobre los recursos hídricos.
Asimismo, el Congreso abordó la implantación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) en el ámbito del tratamiento de aguas residuales urbanas, un modelo basado en el principio de “quien contamina paga” que deberá contribuir a financiar la eliminación de microcontaminantes en las estaciones depuradoras.
Con más de 1.200 asistentes, el 38º Congreso DAQUAS ha cerrado tres jornadas de trabajo centradas en los principales retos regulatorios, económicos, tecnológicos y ambientales del sector.
Las conclusiones de esta edición apuntan a una necesidad compartida: reforzar la inversión, mejorar la planificación, avanzar en la adaptación a la normativa europea y trasladar a la ciudadanía el valor estratégico de un servicio esencial para la salud pública, la sostenibilidad y la calidad de vida.
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