La nueva normativa europea obliga a implantar tratamientos avanzados en determinadas depuradoras y establece que los productores de determinados productos que generan microcontaminantes en las aguas residuales deberán asumir los costes asociados a su eliminación. Actualmente, los sectores afectados son los medicamentos de uso humano y los productos cosméticos, aunque existe debate sobre la posibilidad de ampliar el alcance a otras actividades.
Un nuevo reto regulatorio para España
Durante una jornada organizada por la Cátedra Gómez-Acebo & Pombo–ICADE Sostenibilidad, representantes de administraciones públicas, empresas y entidades sectoriales analizaron los principales desafíos jurídicos, económicos y operativos de la futura transposición, cuyo plazo finaliza el 31 de julio de 2027.
Desde el Ministerio se avanzó que la adaptación normativa supondrá la derogación de la legislación vigente sobre aguas residuales urbanas y su sustitución por una nueva ley que incorporará las obligaciones financieras derivadas de la RAP. Los detalles operativos del sistema se desarrollarán posteriormente mediante reglamentos específicos.
Debate sobre quién debe asumir los costes
Uno de los principales puntos de discusión se centra en la distribución de la responsabilidad económica. Desde Farmaindustria se reclamó que la asignación de costes se base en estudios científicos sólidos, recordando que existen diferencias significativas entre los análisis disponibles sobre la contribución real de cada sector a la presencia de microcontaminantes.
Por su parte, representantes del sector cosmético defendieron un enfoque basado en las sustancias contaminantes y no exclusivamente en categorías de productos, argumentando que permitiría repartir los costes de forma más equilibrada entre todos los agentes implicados.
Los expertos jurídicos señalaron además que España dispone de cierto margen para diseñar un modelo propio durante la transposición, pudiendo ampliar el número de sectores afectados o definir mecanismos específicos de gestión y financiación.
Tratamientos más avanzados y mayores costes
La implantación de los tratamientos cuaternarios supondrá un importante desafío técnico y económico para el sector del agua. Tecnologías como el carbón activo, la ozonización, las membranas filtrantes o los sistemas de oxidación avanzada serán necesarias para eliminar contaminantes emergentes presentes en las aguas residuales.
El Ministerio trabaja actualmente junto al CEDEX en la estimación de los costes asociados a estas infraestructuras, tanto en inversión como en operación, aunque reconoce que existen importantes incertidumbres debido a la diversidad de tecnologías y condiciones de explotación.
Gobernanza y colaboración público-privada
Los operadores del ciclo urbano del agua advirtieron de la complejidad de aplicar el nuevo sistema en España, donde conviven más de 8.000 municipios con modelos de gestión muy diferentes. En este contexto, los expertos consideran fundamental que la RAP funcione como una herramienta de colaboración público-privada capaz de impulsar la innovación, el ecodiseño y la reducción de contaminantes en origen.
La experiencia acumulada por sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) en otros sectores, como envases o medicamentos, fue señalada como una referencia útil para diseñar un modelo eficiente y transparente.
Una oportunidad para impulsar la innovación
Los participantes coincidieron en que, pese a la complejidad de su aplicación, la nueva responsabilidad ampliada del productor puede convertirse en una herramienta clave para financiar la modernización de las depuradoras y mejorar la calidad de las aguas.
Además de garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos ambientales europeos, el sistema podría incentivar el desarrollo de productos más sostenibles, fomentar la innovación tecnológica y avanzar hacia una gestión más eficiente de los recursos hídricos.
