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La Alianza para la Competitividad de la Industria Española ha trasladado al Gobierno su preocupación ante la posible implantación de cuotas obligatorias de consumo de biometano para la industria, al considerar que podrían incrementar los costes energéticos y afectar a la competitividad de los sectores industriales españoles.
La organización, que representa cerca del 60% del Producto Industrial Bruto de España, defiende el papel del biometano como una herramienta clave para avanzar en la descarbonización y reforzar la autonomía energética, pero reclama que su desarrollo se realice bajo un modelo basado en incentivos y no en obligaciones de consumo.
En este sentido, la Alianza propone priorizar medidas orientadas al impulso de la oferta, la inversión y la agilización administrativa para favorecer un mercado del gas renovable sólido, competitivo y accesible para la industria.
La entidad considera fundamental acompañar el desarrollo normativo de un análisis detallado del impacto económico que tendrían estas medidas sobre sectores con elevada intensidad energética y fuerte exposición a la competencia internacional. Según advierte, unas cuotas obligatorias podrían repercutir directamente en los costes operativos de numerosas actividades productivas.
Además, la organización subraya la necesidad de establecer estándares técnicos claros que garanticen la calidad y la compatibilidad del biometano con los procesos industriales, especialmente en aquellas actividades donde la composición del gas resulta crítica para la seguridad y la eficiencia operativa.
La Alianza insiste en que el despliegue del biometano debe integrarse dentro de una estrategia global de transición energética que permita avanzar hacia los objetivos climáticos sin comprometer la competitividad de la industria española.
Forman parte de esta organización asociaciones como ANFAC, FIAB, FEIQUE, UNESID, OFICEMEN, SERNAUTO, ASPAPEL, PRIMIGEA y AICE, representantes de sectores clave como automoción, siderurgia, química, alimentación, cemento o papel.
Finalmente, la Alianza ha reiterado su disposición a colaborar con la Administración durante el proceso de consulta pública para contribuir al diseño de un marco regulatorio “eficaz, equilibrado y alineado con las necesidades del tejido industrial”.
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