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La industria alimentaria se enfrenta a un escenario regulatorio más exigente tras la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2020/2184 sobre aguas destinadas al consumo humano y el Reglamento (UE) 2020/749 relativo a límites máximos de residuos de cloratos en alimentos.
Estas normas obligan a los operadores a reforzar sus sistemas de control sobre el agua utilizada en los procesos productivos.
Así se puso de manifiesto en un encuentro técnico organizado por SITRA, compañía especializada en soluciones para el ciclo integral del agua industrial, junto con AINIA, centro tecnológico de referencia en la industria alimentaria, que reunió a más de 300 profesionales de 220 empresas del sector.
El clorato, subproducto que puede generarse durante la desinfección con hipoclorito sódico o dióxido de cloro, se ha convertido en uno de los principales focos regulatorios. Su presencia puede afectar la función tiroidea y resulta especialmente sensible en productos dirigidos a lactantes y niños.
La normativa europea establece un límite general de 0,010 mg/kg cuando no existe un valor específico para el alimento, reforzando la responsabilidad del operador alimentario, que debe garantizar la calidad del agua en el punto de uso y aplicar controles dentro de su sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico).
Además, se amplía el alcance de la vigilancia hacia contaminantes emergentes, como los PFAS, sustancias persistentes y bioacumulables cuya presencia en el agua potable está ahora regulada con nuevos límites europeos.
Según Javier Donato, director de SITRA, “La gestión del agua ha dejado de ser una cuestión auxiliar para convertirse en un elemento estratégico dentro de la seguridad alimentaria. Anticiparse normativamente es hoy una ventaja competitiva”.
Entre las tecnologías más efectivas destacan la ósmosis inversa y el intercambio iónico, capaces de reducir cloratos y otros contaminantes por debajo de los límites más exigentes. En aplicaciones reales, estos sistemas han logrado reducir la concentración de cloratos a menos de 0,010 mg/kg, incluso frente a la variabilidad estacional del agua de red.
El calendario de aplicación progresiva de estos parámetros hasta 2026 convierte la gestión integral del agua en un reto técnico y estratégico prioritario para la industria alimentaria, que debe dimensionar sus instalaciones pensando en la evolución normativa futura.
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