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La Directiva marco sobre residuos de la Unión Europea entró en vigor el pasado 16 de octubre, introduciendo normas comunes para la responsabilidad ampliada del productor (RAP) en el sector textil y estableciendo objetivos vinculantes de reducción de residuos alimentarios para los Estados miembros. La medida busca reducir los residuos, fomentar la innovación en prácticas sostenibles y disminuir la dependencia de materias primas externas en la UE.
El sector textil y de la confección es un motor económico clave de la Unión Europea, con un volumen de negocio de 170.000 millones de euros en 2023 y 1,3 millones de empleados distribuidos en 197.000 empresas. Sin embargo, la producción y el consumo de textiles generan un impacto ambiental significativo, siendo uno de los sectores más intensivos en consumo de agua, suelo y emisiones de gases de efecto invernadero. Solo en 2019 se generaron 12,6 millones de toneladas de residuos textiles, de los cuales apenas una quinta parte se recogió para su reutilización o reciclado.
La directiva introduce sistemas obligatorios de RAP para textiles y calzado, que obligarán a todos los Estados miembros a establecer mecanismos nacionales siguiendo normas comunes de la UE. Bajo este sistema, los productores pagarán una tasa por cada producto, destinada a financiar la recogida y gestión de textiles, incluyendo su reutilización, preparación para la reutilización, reciclado y eliminación.
Estas tasas se ajustarán según criterios de sostenibilidad, un enfoque conocido como «ecomodulación», que incentiva el diseño de productos más duraderos, circulares y respetuosos con el medio ambiente. Además, los fondos recaudados servirán para informar a los consumidores sobre textiles sostenibles y apoyar investigación y desarrollo para mejorar el diseño y la prevención de residuos.
La directiva también establece que todos los textiles recogidos selectivamente serán considerados residuos, garantizando una interpretación uniforme entre los Estados miembros y evitando el etiquetado incorrecto de textiles como reutilizables. Las empresas de economía social dedicadas a la gestión de textiles de segunda mano estarán exentas de la RAP, pudiendo operar sus propios sistemas de recogida sin costes adicionales.
La revisión incluye también objetivos concretos para reducir los residuos alimentarios, un paso crucial para disminuir su impacto ambiental, social y económico. Los Estados miembros deberán reducir un 10 % los residuos en transformación y fabricación, y un 30 % per cápita en venta al por menor y consumo para 2030, incluyendo restaurantes, servicios de alimentación y hogares.
Para lograr estas metas, los países deberán adaptar sus programas de prevención del desperdicio, fomentar el cambio de comportamiento, promover la innovación tecnológica y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Además, la normativa introduce medidas para facilitar la donación de alimentos, obligando a las empresas a proponer acuerdos de redistribución con bancos de alimentos y otras organizaciones.
La Comisión Europea realizará una revisión exhaustiva antes de 2027 para evaluar los progresos y estudiar posibles ajustes a los objetivos de 2030, e incluso establecer metas adicionales hasta 2035. La directiva también requerirá normas de aplicación que consideren las variaciones en los flujos turísticos al calcular la reducción de desperdicio de alimentos.
Los Estados miembros tendrán 20 meses para transponer la directiva a la legislación nacional y 30 meses para establecer los sistemas de RAP para textiles y calzado. Además, deberán designar autoridades competentes para coordinar la prevención de residuos alimentarios antes del 17 de enero de 2026, y adaptar sus programas de acuerdo con las nuevas medidas antes del 17 de octubre de 2027.
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