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La Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua, ASAGUA, ha celebrado su Asamblea Anual 2025 haciendo repaso a los principales problemas que afectan al sector del agua, en cuya solución poco o nada se ha avanzado durante los últimos años, tal como advierten las empresas españolas de tecnologías del agua.
Continúa el déficit de inversión en agua, al descubierto en las últimas catástrofes naturales y que ha puesto y pone en riesgo el servicio público que representa el ciclo urbano del agua.
El ciclo urbano del agua arrastra un déficit de inversión desde el año 2007 que ha ido creciendo a lo largo de los años, situándose actualmente en 35.000 millones de euros. La inversión en agua es insuficiente, no es sostenida ni sostenible; resulta errática y no se ejecuta en su totalidad.
Las inversiones programadas no se cumplen, tanto que el grado de cumplimiento nunca alcanza el 100% de ejecución e, incluso, son frecuentes los años en los que algún programa no llega ni al 50%.
Una parte significativa de las actuaciones que contemplan los Presupuestos Generales del Estado en materia de agua se repiten cada año y no se llegan a licitar, lo que denota la dejadez del Ejecutivo a la hora de establecerlas y la de los políticos a la de aprobarlas. Una práctica que demuestra que el agua, pese a los elogios que recibe, sigue abandonada.
Los planes hidrológicos de cuenca no se ejecutan en su totalidad; en los de segundo ciclo, dicho por la propia administración, la ejecución no superó el 50%. Una situación que en el escenario actual de déficit de inversión y con fenómenos climatológicos extremos -como las recientes sequías y danas- no es admisible.
Hoy, más que nunca, es obligatorio alcanzar un pacto nacional por el agua que derive en el plan hidrológico nacional; un plan que contemple con objetividad el empleo de todos los recursos disponibles.
ASAGUA aboga por una planificación objetiva basada en la ciencia y en la técnica y realizada y llevada a cabo por técnicos especializados y conocedores del mundo del agua, al margen de intereses políticos ajenos al interés general.
Urge la aprobación del plan hidrológico nacional y de una norma que exponga con claridad que las inversiones en materia de agua deben ser vinculantes. Sin olvidar que han de ser reales y generosas, acordes a las necesidades.
Una inversión insuficiente, una regulación de la contratación anticuada y la idea de que lo más barato es lo mejor -olvidando que lo idóneo es conseguir la mejor relación calidad precio-, unido a una revisión de precios prácticamente desaparecida, hacen que contratar sea una aventura para los empresarios, que son los colaboradores necesarios de las administraciones públicas.
Con el déficit actual de inversión en agua de 35.000 millones de euros, los presupuestos, planes hidrológicos de cuenca y fondos de recuperación, transformación y resiliencia no alcanzan la cuantía requerida para subsanarlo. ASAGUA reclama el desarrollo de la colaboración público-privada, estableciendo su regulación total y modificando la Ley de Desindexación y su reglamento.
En el primer trimestre de cada año las distintas administraciones deberían hacer público el programa de actuaciones, lo que sería tanto como aumentar la transparencia del sistema. Con ello las empresas tendrían una buena información para programar sus actividades y dar al agua el impulso que tanto necesita.
Las competencias del ciclo urbano del agua están residenciadas en los entes locales desde la Ley 24/2014, de 20 de abril, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Así, los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España tienen las competencias. Sin embargo, solo las grandes ciudades cuentan con los recursos necesarios para acometerlas. No es extraño ver depuradoras sin funcionar a causa de la carencia de medios del ayuntamiento.
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