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En el marco del proceso de consulta pública previo al proyecto del nuevo Real Decreto que regulará los envases y residuos de envases en España, la Fundación para la Economía Circular ha remitido una batería de propuestas estratégicas con el objetivo de reforzar la coherencia y eficacia de la normativa nacional.
Conscientes de la trascendencia de esta normativa para avanzar hacia un sistema de producción y consumo más sostenible, desde la Fundación, tras consulta con los miembros del patronato y consejo asesor, hemos querido contribuir con una serie de observaciones y recomendaciones que buscan garantizar una adecuada implementación del marco europeo y, al mismo tiempo, responder a los retos y oportunidades específicos del contexto español.
Entre nuestras principales aportaciones destacan:
Clarificación de definiciones: Proponemos revisar las categorías de envases domésticos, comerciales e industriales, con criterios basados en el uso final más que en el canal de distribución, incorporando ejemplos prácticos que faciliten su comprensión y correcta clasificación. (Por ejemplo, distinguir si un envase será usado en un hogar o en un comercio, más allá de dónde se vendió el producto.)
Reutilización efectiva: Para cumplir con los objetivos europeos de reutilización, abogamos por un sistema de trazabilidad digital, incentivos fiscales para empresas líderes y una red coordinada de puntos de recogida en sistemas abiertos (bares, supermercados, eventos…).
Coordinación entre SCRAPs: Reclamamos una plataforma de coordinación obligatoria entre Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPs), supervisada por un órgano independiente, con reglas homogéneas para el reparto de costes y el intercambio de información.
Control del fraude y “free riding”: Proponemos un registro digital centralizado de productores, con verificación cruzada entre administraciones y mecanismos sancionadores eficaces. ("Free riding" se refiere a aquellas empresas que ponen envases en el mercado sin cumplir con sus obligaciones legales.)
Transparencia en la facturación: Defendemos la necesidad de criterios claros sobre cómo reflejar los costes de la responsabilidad ampliada en las facturas, evitando confusión tanto para productores como para consumidores.
Etiquetado comprensible: Apostamos por un sistema armonizado de etiquetado nacional, apoyado en tecnologías como códigos QR que faciliten la separación y el reciclaje por parte de los ciudadanos.
Incentivos al ecodiseño: Recomendamos implantar un sistema de bonificaciones y penalizaciones (bonus-malus) vinculado a criterios de reciclabilidad y reducción de impacto, junto con un sello oficial de excelencia en ecodiseño.
Seguridad jurídica para las entidades locales: Reclamamos criterios objetivos y estables para la elección del modelo de recogida en los municipios y para la relación con los SCRAPs, que fomenten la inversión y la mejora continua del servicio.
Asimismo, fruto del análisis de otras aportaciones, se incorporan tres propuestas adicionales que refuerzan la ambición de estas recomendaciones:
Asegurar que los SCRAPs asuman el coste íntegro de la gestión de todos los residuos de envases.
Incluir la cobertura de los costes de valorización energética cuando el reciclaje no sea viable.
Mejorar el procedimiento arbitral entre administraciones locales y SCRAPs para resolver conflictos derivados de convenios.
Estas propuestas han sido elaboradas con el convencimiento de que la transición hacia una economía verdaderamente circular exige una normativa clara, ambiciosa y operativa, capaz de movilizar al conjunto de los actores implicados: administraciones, productores, gestores, consumidores y sociedad civil.
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