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Gloria Lázaro, Directora general de REPACAR.
Gloria Lázaro
Durante décadas, la industria de la recuperación y el reciclaje de papel y cartón ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación. Las empresas han invertido en tecnología, han profesionalizado sus procesos, han incorporado sistemas de calidad y trazabilidad cada vez más exigentes y han contribuido decisivamente a consolidar uno de los ejemplos más representativos de la economía circular europea.
Detrás de cada tonelada de papel y cartón recuperado existe una actividad industrial que requiere conocimiento, experiencia e inversión. Una actividad que contribuye a alcanzar los objetivos ambientales, genera valor económico y desempeña un papel esencial en nuestro tejido productivo.
Sin embargo, el futuro de esta industria no depende únicamente de su capacidad para seguir innovando. Depende también de que las condiciones administrativas, regulatorias y comerciales permitan desarrollar todo su potencial.
Vivimos en un escenario de especial incertidumbre. Las tensiones geopolíticas, la creciente fragmentación comercial y un entorno internacional cambiante dificultan la planificación empresarial a largo plazo. Europa necesita fortalecer su competitividad industrial en un contexto en el que las reglas del comercio internacional están evolucionando.
La industria recuperadora también sufre esta realidad. Pero mientras las empresas afrontan factores externos sobre los que apenas tienen capacidad de actuación, también deben hacer frente a una creciente complejidad regulatoria y administrativa que condiciona su actividad y sus posibilidades de crecimiento.
Una de las principales preocupaciones del sector son los tiempos de tramitación de determinadas autorizaciones ambientales. Las empresas necesitan modernizar instalaciones, ampliar capacidades, incorporar nuevas tecnologías y mejorar sus procesos. Sin embargo, estas inversiones pueden quedar paralizadas o sufrir importantes retrasos mientras esperan las resoluciones administrativas necesarias.
Detrás de una autorización pendiente puede haber una inversión que no se materializa, una mejora ambiental que se pospone o una oportunidad de crecimiento que se pierde.
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