En menos de un lustro, el mundo se ha visto sacudido por dos crisis de enorme alcance: la provocada por la invasión rusa de Ucrania y el actual conflicto en Oriente Medio. Ambas han constituido un abrupto recordatorio de la fragilidad de los equilibrios energéticos y la consiguiente necesidad de blindar la resiliencia energética de los sistemas nacionales. España ha acreditado la fortaleza de su sistema gasista, que ha demostrado, una vez más, su capacidad para operar en condiciones de máxima exigencia.
La resiliencia de las infraestructuras gasistas es el resultado tangible de décadas de planificación rigurosa y de una política de inversión sostenida en el tiempo. Esa visión a largo plazo es la que ha permitido a España dotarse de una de las redes más robustas y malladas de todo el continente, cuya fiabilidad no se ha visto puesta en entredicho ni por las turbulencias geopolíticas ni por desafíos climáticos como los incendios del pasado verano, la borrasca Filomena o la DANA que azotó el sureste de España y, con especial virulencia, la Comunidad Valenciana.
No se han detenido los esfuerzos por preservar la disponibilidad permanente de estos activos estratégicos y su adaptación a un entorno energético en profunda transformación. El sector gasista es plenamente consciente de su responsabilidad, un empeño de presente, pero también de futuro. En efecto, en el actual proceso de transición energética, son sus infraestructuras las que permitirán la progresiva integración de los gases renovables, vectores energéticos indispensables para la descarbonización no solo de la industria gasintensiva sino también del consumo térmico residencial. El despliegue del biometano, el hidrógeno renovable y de otros gases bajos en carbono no solo permitirá reducir las emisiones, sino también reforzar la tan ansiada autonomía energética.
Este contexto de elevada exigencia operativa y profunda transformación es el que confiere a la revisión del marco retributivo de las actividades reguladas para el periodo 2027-2032 toda su relevancia estratégica. Su definición será determinante para que las infraestructuras continúen operando de acuerdo con los más altos estándares de calidad, garantizando la seguridad de suministro y, al mismo tiempo, afrontar los retos tecnológicos, económicos y medioambientales de los próximos años.
Fue a finales de marzo cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo pública su propuesta de Circulares. Los documentos, que el sector aguardaba con expectación, otorgan a las infraestructuras energéticas el reconocimiento de activos estratégicos del sistema energético, de piezas imprescindibles para la competitividad de la economía y el avance ordenado hacia la neutralidad climática.
Sedigas no puede más que compartir esa evaluación al igual que la decisión de la CNMC de preservar la arquitectura básica del modelo retributivo, lo que, sin duda, aporta estabilidad regulatoria y previsibilidad. Además, consideramos especialmente valiosa la introducción de señales económicas orientadas a la digitalización, la ciberseguridad y la modernización del sistema, algunos de los retos que se perfilan nítidamente en un horizonte inmediato.
Ahora bien, estimamos necesaria la introducción de ajustes con el fin de garantizar un marco suficiente y equilibrado para el conjunto de las actividades reguladas. Existe margen suficiente para hacerlo sin comprometer la asequibilidad energética de los consumidores domésticos o el tejido productivo termo-intensivo.
Como hemos venido defendiendo durante los últimos meses, el nuevo marco retributivo debería asegurar la viabilidad económico-financiera de todas las actividades reguladas a través del reconocimiento de los costes reales que asumen los operadores y ofrecer, de ese modo, la certidumbre regulatoria obligada para no desincentivar las inversiones futuras que serán necesarias para garantizar la seguridad energética y el proceso de transición energética.
En Sedigas reafirmamos nuestro compromiso de diálogo y cooperación con el Regulador. Estamos convencidos de que el intercambio riguroso de información técnica y la colaboración institucional sostenida nos permitirán alcanzar un objetivo compartido: que España siga contando con infraestructuras energéticas robustas, capaces de garantizar la seguridad de suministro y de acompañar con eficacia el proceso de transición hacia una economía baja en carbono. Un reto de país que, sin duda, exige la suma de todos los actores implicados.
.jpg)
