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Para comprender el impacto de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) es necesario entender el cambio de modelo que ha impulsado España en materia de eficiencia energética. No se trata únicamente de un nuevo certificado, sino de una transformación estructural en la forma de incentivar el ahorro energético y la descarbonización.
Álvaro Herrera – Verificador Senior Área ESG - ACERTA Certificación
Hasta ahora, el sistema se apoyaba principalmente en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). En este modelo, las comercializadoras de gas y electricidad y los operadores al por mayor de productos petrolíferos y GLP debían cumplir anualmente una cuota de ahorro energético fijada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), mediante aportaciones económicas al fondo.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 36/2023, España da un paso hacia un modelo más dinámico y alineado con otros mercados europeos. El sistema CAE permite que los sujetos obligados puedan cumplir parte de sus obligaciones mediante la adquisición de ahorros energéticos certificados generados por terceros.
De este modo, la energía ahorrada pasa a convertirse en un activo económico transferible, generando un mercado basado en la oferta y la demanda donde las actuaciones de eficiencia energética adquieren un valor financiero tangible.
El nuevo modelo impulsa además la inversión privada directa en proyectos reales de ahorro energético, favoreciendo una mayor agilidad, competitividad y capacidad de movilización de recursos hacia actuaciones con impacto efectivo en la reducción del consumo energético y las emisiones.
Qué es un Certificado de Ahorro Energético
Un Certificado de Ahorro Energético (CAE) es un título electrónico transferible que acredita la consecución de un ahorro de energía final equivalente a 1 kWh, derivado de una actuación de eficiencia energética correctamente ejecutada y verificada.
Este ahorro no responde a una estimación teórica, sino a actuaciones reales sometidas a procesos de validación técnica y administrativa. En la práctica, el sistema convierte el ahorro energético en un activo económico negociable, permitiendo que las actuaciones de eficiencia tengan un valor de mercado tangible.
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