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El concepto de “suelo sano” ha dejado de ser una aspiración para situarse en la agenda legislativa de las instituciones europeas y españolas. En apenas unos meses, ha habido avances decisivos en normativa europea y nacional que redefinen el papel del suelo como elemento esencial del ciclo del agua, de la biodiversidad y de la salud pública.
Luis Palomino, secretario general de ASEGRE
Para las empresas dedicadas a la descontaminación de suelos, la nueva oleada regulatoria supone una oportunidad —y una responsabilidad añadida— para demostrar que su actividad es un pilar esencial de la protección ambiental.
El primer hito —y sin duda el más transformador para el ámbito del suelo— ha sido la aprobación en octubre, tras votación en el Parlamento Europeo de la Directiva, llamada Ley de Vigilancia del Suelo, que crea un marco legal europeo para monitorizar, evaluar y restaurar la salud del suelo, con el horizonte objetivo de que todos los suelos europeos se encuentren “en buen estado” para el año 2050.
El acuerdo político alcanzado en abril de 2025 ya definió los puntos esenciales: la elaboración de descriptores comunes (físicos, químicos y biológicos) para la salud del suelo, la obligación de monitoreo en los Estados miembros y la publicación de listas públicas de suelos potencialmente contaminados. Además, se establece que no se impondrán nuevas obligaciones in mediatas a agricultores o gestores del suelo, sino que los Estados deberán prestar apoyo técnico y financiero para alcanzar los objetivos.
