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Javier Domínguez Lino, Presidente ejecutivo de Sogama
Durante los dos últimos años, tanto Sogama como la propia Xunta de Galicia, no se han cansado de repetir las graves consecuencias económicas que traerían consigo distintas medidas adoptadas por el Estado en política de residuos.
Los impuestos al vertido y a la incineración, contemplados en la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, representaron el inicio de una escalada de despropósitos que abocaron a Sogama a tomar una decisión que nunca habría querido adoptar: subir el canon a los 295 ayuntamientos adscritos a su sistema de gestión.
El incremento del precio que cobra a los entes locales por la prestación de su servicio, no obedece a ineficiencias en la gestión de la empresa, que obtuvo resultados muy positivos durante el último decenio, sino a una serie de “ocurrencias” adoptadas unilateralmente por el Gobierno central que no se han quedado únicamente en la aplicación de tributos, sino que han ido más allá al eliminar la retribución a la inversión de la planta termoeléctrica de Sogama, comprometida hasta el año 2026, al reducir la retribución a la explotación de su planta de cogeneración, y al recuperar el impuesto eléctrico del 7%.
Es decir, de un día para otro, una empresa pública solvente, que hasta ese momento había conseguido, con el retorno de su actividad, acometer inversiones cuantificadas en más de 100 millones de euros para mejorar su infraestructura y prestar un mejor servicio público a los gallegos, se encontró en una situación de total indefensión al enfrentarse, derivado de lo anterior, a unas pérdidas económicas en 2023 de 18 millones de euros y a un desequilibrio de más de 30 millones.
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