18 de noviembre, 2026
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Las asociaciones de fabricantes y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor advierten de que la medida podría generar una carga económica superior a los 1.800 millones de euros anuales en España, sin garantizar mejoras en la recogida y el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y sus sistemas de gestión de residuos han expresado su preocupación ante la propuesta de la Unión Europea de introducir un nuevo gravamen sobre los residuos electrónicos no recogidos. La medida, incluida en el Marco Financiero Plurianual europeo, contempla una contribución de 2 euros por cada kilogramo de residuos no recogidos, calculada a partir de la diferencia entre los aparatos puestos en el mercado y los residuos recuperados.

Las asociaciones de fabricantes y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor firmantes consideran que este nuevo instrumento está concebido principalmente con fines recaudatorios y que puede perjudicar a la industria nacional, su competitividad y, por extensión, a la economía española. Según advierten, supondría un incremento significativo de los costes de producción de los aparatos eléctricos y electrónicos sin garantizar una mejora de la recogida ni del reciclaje.

Aunque los firmantes respaldan los objetivos medioambientales de la Unión Europea y la transición hacia una economía circular, consideran que el gravamen propuesto es un instrumento inadecuado para abordar las deficiencias actuales en la gestión de los residuos electrónicos.

Un gravamen presupuestario que no garantiza mejoras en el reciclaje

Uno de los principales argumentos de las organizaciones firmantes es que el gravamen de 2 euros por kilogramo generaría ingresos para el presupuesto de la Unión Europea sin garantizar que esos fondos se destinen a fomentar la economía circular, mejorar la recogida de residuos o desarrollar las infraestructuras necesarias para su tratamiento.

A su juicio, Europa necesita incrementar la recogida de residuos electrónicos, no aumentar la recaudación mediante un impuesto sobre aquellos que no se recuperan. Por ello, consideran que no se puede solucionar el problema de la recogida insuficiente imponiendo un gravamen sobre los residuos que quedan fuera del sistema.

Un coste adicional de más de 1.800 millones de euros anuales en España

La propuesta podría representar una carga económica adicional superior a los 1.800 millones de euros al año en España y de más de 17.000 millones de euros en el conjunto de la Unión Europea, sin que exista una garantía de que estos recursos se traduzcan en mejores resultados de recogida o reciclaje.

Las organizaciones advierten de que, a diferencia de otros Estados miembros en los que el gravamen se financiaría con cargo a los presupuestos estatales, en España podría trasladarse a los fabricantes mediante una vía impositiva, como ya sucedió con el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables.

Este escenario supondría un importante coste adicional para las empresas y podría comprometer la competitividad industrial del sector, frenar las inversiones e incrementar la complejidad de la gestión administrativa.

Además, la carga económica podría aumentar con el tiempo debido a las negociaciones en el Consejo de la Unión Europea para incrementar la cuantía del gravamen mediante ajustes anuales.

Un incentivo que podría entrar en conflicto con la economía circular

Otro de los aspectos cuestionados es la vinculación de las contribuciones al presupuesto europeo con los residuos electrónicos no recogidos. Según los firmantes, este planteamiento podría generar un conflicto estructural entre la obtención de ingresos y la mejora de las tasas de recogida.

En su opinión, la política presupuestaria europea debería incentivar los avances medioambientales y no establecer un mecanismo financiero basado en la persistencia de deficiencias en la recogida. El objetivo, señalan, debe ser eliminar esas carencias y no convertirlas en una fuente de ingresos.

Las organizaciones también consideran que el gravamen podría entrar en contradicción con el impulso europeo hacia la fabricación de productos más duraderos. Los fabricantes realizan inversiones en diseño de larga vida útil, servicios de reparación y reacondicionamiento y disponibilidad de piezas de repuesto, entre otras medidas vinculadas al cumplimiento del Reglamento Europeo de Ecodiseño de Productos.

Sin embargo, el cálculo de los residuos electrónicos no recogidos se basa en la diferencia entre los volúmenes de aparatos puestos en el mercado y los residuos recogidos. Según advierten, cuanto mayor sea la durabilidad de los productos, más aparatos que continúan en funcionamiento podrían contabilizarse como residuos no recogidos.

Dudas sobre la fiabilidad de los datos utilizados para calcular el gravamen

La fiabilidad, comparabilidad y verificación de los datos nacionales de recogida constituye otro de los motivos de preocupación de las organizaciones firmantes.

En este sentido, señalan que el Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto de manifiesto deficiencias en el marco de verificación, entre ellas la ausencia de una obligación para que los Estados miembros comprueben sus datos y la falta de una base jurídica en Eurostat que permita auditarlos.

Las asociaciones consideran que unas contribuciones financieras de esta magnitud deben fundamentarse en datos fiables, comparables y verificables. Por ello, cuestionan que los Estados miembros puedan tener que afrontar cargos de miles de millones de euros a partir de cifras cuya solidez y verificación no están suficientemente garantizadas.

Asimismo, advierten de que las deficiencias en la metodología de cálculo de los residuos electrónicos no recogidos pueden distorsionar significativamente las previsiones de ingresos, con el riesgo de que se apliquen gravámenes más elevados y de que tampoco se garantice una fuente de financiación fiable para el presupuesto comunitario.

La revisión de la Directiva RAEE como alternativa al nuevo gravamen

Frente a la introducción de este nuevo instrumento económico, los fabricantes recuerdan que ya realizan importantes inversiones para apoyar y mejorar la recogida de residuos electrónicos en el marco de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Por ello, consideran que su próxima revisión representa una oportunidad para abordar las deficiencias estructurales del sistema, reforzar la aplicación de la normativa, mejorar la trazabilidad y combatir el incumplimiento de las obligaciones existentes, incluido el de los vendedores online.

Las organizaciones defienden que Europa ya dispone de una oportunidad para solucionar los problemas que dificultan la recogida de residuos electrónicos mediante la revisión de esta directiva. En lugar de introducir un nuevo gravamen que no garantiza avances en economía circular, proponen aprovechar las inversiones y los esfuerzos existentes para mejorar el funcionamiento del sistema actual.

También recuerdan que la recogida eficaz de residuos electrónicos no es responsabilidad exclusiva de los fabricantes. Para conseguir resultados es necesaria la implicación activa de municipios, distribuidores, gestores de residuos, recicladores y consumidores.

Los fabricantes piden al Gobierno español que rechace la propuesta

Ante las consecuencias económicas que podría tener la medida, los firmantes aseguran haber solicitado insistentemente al Gobierno español durante los últimos meses que rechace la aprobación del gravamen propuesto.

Estas peticiones se han trasladado a través de los diferentes ministerios implicados en la aprobación del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea.

Las organizaciones consideran que la propuesta convierte un reto medioambiental en un ejercicio presupuestario y puede imponer elevados costes adicionales de producción a los fabricantes, así como cargas financieras sustanciales a los presupuestos nacionales, sin garantizar una mejora de la recogida o el reciclaje.

Por ello, reclaman que Europa tenga en cuenta las inversiones y los esfuerzos que ya realizan los fabricantes y que aproveche la próxima revisión de la Directiva RAEE para abordar los problemas estructurales que impiden que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se recojan y traten adecuadamente.

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