17 de noviembre, 2026
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Los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos y sus sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor han mostrado su rechazo a la propuesta de la Unión Europea de introducir un nuevo gravamen sobre los residuos electrónicos. La medida, incluida en el Marco Financiero Plurianual, contempla una contribución de 2 euros por cada kilogramo de residuos no recogidos, calculada a partir de la diferencia entre los aparatos puestos en el mercado y los residuos recuperados.

Aunque las organizaciones firmantes respaldan los objetivos medioambientales europeos y la transición hacia una economía circular, consideran que el gravamen tiene un carácter principalmente recaudatorio y no contribuirá necesariamente a mejorar las tasas de recogida y reciclaje. Además, advierten de que podría incrementar considerablemente los costes de producción y reducir la competitividad de la industria.

Un coste adicional de más de 1.800 millones de euros en España

Según las estimaciones recogidas en el documento, la propuesta podría representar una carga económica de más de 1.800 millones de euros anuales en España y superar los 17.000 millones en el conjunto de la Unión Europea.

Las asociaciones alertan de que, si España traslada este coste a los fabricantes mediante un impuesto, como sucedió con el gravamen sobre los envases de plástico no reutilizables, las empresas tendrían que asumir una carga adicional que podría comprometer su competitividad, frenar inversiones y aumentar la complejidad administrativa.

A esta situación se sumaría la posibilidad de que la cuantía del gravamen aumente con el tiempo, debido a las negociaciones en el Consejo de la UE para introducir ajustes anuales.

Riesgos para la economía circular y la durabilidad de los productos

Otro de los aspectos cuestionados es que los ingresos obtenidos no tienen garantizado su destino a iniciativas de economía circular, recogida de residuos o desarrollo de infraestructuras de reciclaje. Las organizaciones consideran que vincular la financiación europea a los residuos no recogidos puede generar un conflicto entre los objetivos de recaudación y la mejora de los resultados medioambientales.

También advierten de que el sistema de cálculo podría penalizar indirectamente a los fabricantes que apuestan por productos más duraderos. La metodología propuesta tiene en cuenta la diferencia entre los aparatos puestos en el mercado y los residuos recogidos, por lo que los productos que continúan en funcionamiento durante más tiempo podrían contabilizarse como residuos no recuperados.

Esta circunstancia, según el sector, entraría en contradicción con los objetivos europeos de ecodiseño, reparación y reacondicionamiento de productos, así como con las inversiones destinadas a garantizar la disponibilidad de piezas de repuesto.

Dudas sobre la fiabilidad de los datos de recogida

Las asociaciones también ponen en cuestión la fiabilidad y comparabilidad de los datos nacionales que se utilizarían para calcular las contribuciones. En este sentido, señalan que el Tribunal de Cuentas Europeo ha identificado deficiencias en los mecanismos de verificación, como la ausencia de una obligación para que los Estados miembros comprueben sus datos y la falta de una base jurídica en Eurostat para auditarlos.

A su juicio, unas contribuciones económicas de esta magnitud deben sustentarse en información sólida, comparable y verificable, ya que las deficiencias en la metodología podrían distorsionar las previsiones de ingresos y provocar la aplicación de gravámenes más elevados.

La revisión de la Directiva RAEE, una alternativa para mejorar la recogida

Frente a la introducción de esta nueva tasa, los fabricantes proponen aprovechar la próxima revisión de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) para corregir las deficiencias estructurales del sistema actual.

Entre las medidas que consideran prioritarias figuran reforzar la aplicación de la normativa, mejorar la trazabilidad de los residuos y combatir el incumplimiento, incluido el de los vendedores online. Asimismo, recuerdan que la recogida eficaz de estos aparatos requiere la participación de todos los agentes implicados: fabricantes, municipios, distribuidores, gestores de residuos, recicladores y consumidores.

Por último, las organizaciones firmantes aseguran haber solicitado al Gobierno español, a través de los distintos ministerios implicados en la aprobación del Marco Financiero Plurianual de la UE, que rechace el gravamen propuesto. Consideran que Europa debe aprovechar la revisión de la Directiva RAEE para abordar los problemas que dificultan la recogida y el tratamiento adecuado de los residuos electrónicos, en lugar de establecer una nueva carga financiera que no garantiza mejoras medioambientales.

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