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Las asociaciones reclaman situar el agua en el centro de la agenda política, reducir el déficit de inversión de 4.485 millones de euros anuales y garantizar la sostenibilidad económica de los servicios.
También defienden la colaboración público-privada, una regulación estable y el impulso de la desalación y la reutilización para reforzar la seguridad hídrica.
La Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS) y la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR) han trasladado a los partidos políticos el documento «El agua, clave para el futuro: prioridades para la nueva legislatura». La propuesta recoge un decálogo de actuaciones dirigido a los responsables políticos que asumirán la dirección del país tras las elecciones del 29 de noviembre, con el objetivo de situar las necesidades de un sector estratégico para el desarrollo económico y social entre las prioridades de la próxima legislatura.
Entre las principales demandas figuran reducir el déficit de inversión del sector del agua urbana, actualmente estimado en 4.485 millones de euros anuales; garantizar la sostenibilidad económica de los servicios; promover la colaboración público-privada; y establecer un marco regulatorio estable y homogéneo. Asimismo, ambas entidades consideran necesario impulsar la desalación y la reutilización como recursos fundamentales para reforzar la seguridad hídrica.
Las asociaciones también reclaman que las nuevas exigencias normativas, tanto nacionales como europeas, cuenten con plazos realistas y medidas financieras que permitan aplicarlas sin comprometer la sostenibilidad de los servicios.
El documento presentado por DAQUAS y AEDyR recoge diez líneas de actuación para abordar los principales retos del sector:
Las asociaciones defienden que el agua urbana debe considerarse un servicio esencial y estratégico para la calidad de vida, la competitividad y la resiliencia del país. Para ello, reclaman una visión de Estado, estabilidad regulatoria y una apuesta decidida por la inversión, evitando que la gestión del recurso se convierta en un elemento de confrontación política.
El sector cifra en 4.485 millones de euros anuales el déficit de inversión necesario para renovar y construir infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, reutilización y desalación.
DAQUAS y AEDyR consideran imprescindible establecer nuevas vías estructurales de financiación y un marco de inversión estable y previsible. También destacan el papel de los fondos Next Generation destinados a la digitalización del ciclo integral del agua, cuya convocatoria ha concedido únicamente el 22 % de los fondos solicitados, por lo que reclaman nuevas dotaciones y ampliar sus ámbitos de aplicación.
La tarifa del agua en España se sitúa un 53 % por debajo de la media europea y representa el 0,8 % de los gastos familiares. Ante esta situación, las entidades reclaman desvincular su configuración de la confrontación política y estructurarla de manera que permita financiar tanto la gestión diaria como la renovación de las infraestructuras.
También proponen avanzar en la transparencia y homogeneidad de los criterios de cálculo para facilitar la recuperación de costes prevista en la Directiva Marco del Agua. Además, consideran necesaria una actualización de la Ley de Contratos del Sector Público que incorpore fórmulas de revisión de precios basadas en la estructura real de costes de los servicios.
Las nuevas obligaciones regulatorias requieren, según las asociaciones, plazos realistas y medidas financieras que faciliten su cumplimiento sin poner en riesgo la sostenibilidad del servicio.
Asimismo, reclaman un marco estable de interlocución y coordinación entre el sector y la Administración General del Estado. Entre sus propuestas figura habilitar un mecanismo específico, a través del departamento ministerial competente, que actúe como punto de referencia y facilite la coordinación entre los distintos organismos implicados.
DAQUAS y AEDyR consideran prioritario agilizar la aplicación de las nuevas directivas europeas que afectan al sector y que implican importantes necesidades de inversión.
Como ejemplo, señalan la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (TARU), cuya transposición e implementación deben desarrollarse con celeridad y seguridad jurídica para evitar posibles infracciones y sanciones europeas.
La gestión del agua urbana corresponde a distintas administraciones y operadores, con modelos públicos, privados y mixtos. Por ello, las asociaciones consideran necesario disponer de un marco regulador homogéneo a escala nacional que aporte seguridad jurídica, estabilidad económica y garantías para la protección del medio ambiente.
La transparencia, la tecnificación y la profesionalización de los servicios son, según el documento, elementos fundamentales para asegurar niveles de prestación equitativos en todo el territorio.
El sector considera que la colaboración público-privada puede contribuir a movilizar inversiones y aprovechar las capacidades disponibles para afrontar sus desafíos.
Además, reclama agilizar los procedimientos de contratación pública, cuya burocracia y rigidez pueden ralentizar las inversiones. Las entidades proponen establecer mecanismos que prioricen la calidad, la sostenibilidad y la innovación por encima del precio.
La exposición de España a fenómenos extremos, como las inundaciones y las sequías, hace necesario reforzar las medidas de adaptación y protección de las personas y del medio ambiente.
Entre las actuaciones señaladas figuran los sistemas de drenaje urbano sostenible y el impulso de recursos complementarios, como la desalación y la reutilización, para garantizar la disponibilidad de agua y la estabilidad económica y social.
Las sequías recurrentes y la escasez de recursos hacen necesario diversificar las fuentes de suministro. DAQUAS y AEDyR destacan que la desalación y la reutilización permiten disponer de recursos complementarios con independencia de la pluviometría y reforzar la resiliencia del sistema hídrico.
El documento subraya que estas tecnologías deben orientarse a garantizar la continuidad del abastecimiento de la demanda existente, no a incrementarla. Para aprovechar su potencial, las asociaciones reclaman incorporarlas de forma estructural a la planificación hidrológica, agilizar la tramitación de nuevas instalaciones y del uso de agua regenerada, y establecer un marco de financiación estable y seguridad jurídica. También piden un reconocimiento claro de ambas actividades en la Taxonomía europea como inversiones sostenibles.
La última prioridad pone el foco en la sensibilización ciudadana. Las asociaciones consideran que la sostenibilidad económica de los servicios es compatible con la protección social, siempre que la ciudadanía disponga de información suficiente para comprender los procesos que implica la gestión del agua y valorar su importancia.
Para ello, proponen reforzar la colaboración entre el sector y las administraciones públicas con una comunicación plural, efectiva y transparente sobre el valor del agua y las alternativas disponibles para garantizar su suministro.
A través de este decálogo, DAQUAS y AEDyR reclaman seguir trabajando en la consecución de un pacto social y político por el agua que implique a los responsables políticos de los ámbitos estatal, autonómico y local, así como a la ciudadanía.
El objetivo es alcanzar un compromiso compartido que permita garantizar la sostenibilidad medioambiental, económica y social de los servicios del agua urbana y afrontar las necesidades de inversión, regulación y adaptación que condicionarán el futuro del sector.
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