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La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) ha reforzado su compromiso con la cooperación internacional mediante su participación en un proyecto destinado a mejorar la gestión comunitaria del agua en El Salvador.
La iniciativa busca fortalecer las capacidades técnicas y organizativas de las comunidades rurales, mejorar la seguridad de sus abastecimientos y prepararlas frente a los efectos del cambio climático.
La colaboración se ha desarrollado a través de Luis Babiano, gerente de AEOPAS, quien ha dedicado parte de su periodo vacacional a realizar actividades voluntarias de formación, asesoramiento técnico e intercambio de experiencias con operadores y organizaciones comunitarias salvadoreñas.
El trabajo se enmarca en el proyecto «Gobernanza inclusiva del agua y su gestión integral en Chalatenango Sur, cumpliendo con las políticas públicas en la ruralidad», financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ejecutado por la asociación salvadoreña PRO-VIDA.
Esta iniciativa, correspondiente a la convocatoria de cooperación de 2025 (2025/PRYC/10589), cuenta con un presupuesto global de 498.892 euros, de los cuales 445.288 euros proceden de la AECID. Su ejecución se extiende desde febrero de 2026 hasta enero de 2028 y contempla el fortalecimiento de cinco sistemas comunitarios de abastecimiento.
Uno de los principales ejes de la colaboración ha sido la formación sobre gestión de sequías y adaptación al cambio climático, desarrollada en coordinación con PRO-VIDA y Ecologistas en Acción, bajo la dirección de la ONG Solidaridad Andalucía.
Las actividades han permitido compartir experiencias relacionadas con la planificación de los abastecimientos, la protección de las fuentes de suministro y la mejora de la eficiencia de las redes de distribución.
Desde AEOPAS se ha insistido en que la preparación frente a una sequía no comienza cuando se declara la emergencia, sino mucho antes, mediante el mantenimiento de las infraestructuras, el conocimiento de los recursos disponibles y la reducción permanente de las pérdidas de agua.
Este planteamiento cobra especial importancia en los pequeños abastecimientos rurales, donde una avería no detectada puede comprometer la disponibilidad del recurso para toda una comunidad.
En este contexto, se han desarrollado actividades de asesoramiento sobre detección y reparación de fugas, interpretación de caudales nocturnos, macromedición y micromedición, así como procedimientos sencillos para elaborar balances de agua y detectar anomalías en las redes.
El objetivo es trasladar herramientas de gestión utilizadas por los operadores públicos españoles, adaptándolas a instalaciones que disponen de recursos económicos, materiales y humanos limitados.
La seguridad sanitaria del agua ha constituido otro de los grandes ámbitos de trabajo.
Durante la estancia se han abordado los problemas que afrontan los sistemas comunitarios para garantizar una desinfección eficaz, mantener niveles adecuados de cloro residual y controlar la calidad del agua distribuida.
La colaboración ha incluido el estudio de mejoras en los procedimientos de cloración, el mantenimiento de depósitos y la respuesta ante incidencias que puedan comprometer la potabilidad.
También se han analizado alternativas de monitorización mediante sensores de nivel, medición de caudales y sistemas de comunicación remota que permitan advertir de problemas de funcionamiento.
La prioridad es incorporar tecnologías apropiadas, asequibles y fáciles de mantener, evitando soluciones que generen nuevas dependencias técnicas o económicas.
«La mejor tecnología no es necesariamente la más sofisticada, sino aquella que una comunidad puede utilizar, comprender y mantener con sus propios medios», señala AEOPAS como principio que orienta esta colaboración.
El trabajo también ha permitido avanzar en la preparación de materiales didácticos destinados a fontaneros rurales y responsables de juntas comunitarias, con procedimientos prácticos sobre operación de instalaciones, control de pérdidas, medición y seguridad sanitaria.
En numerosos territorios rurales de El Salvador, el acceso al agua depende de organizaciones comunitarias que asumen directamente la responsabilidad de mantener las captaciones, gestionar los depósitos, reparar las redes y asegurar el suministro a sus vecinos.
Estas organizaciones desempeñan una función esencial, aunque frecuentemente deben afrontar dificultades relacionadas con la financiación, el mantenimiento de las infraestructuras, la disponibilidad de personal especializado y el cumplimiento de las exigencias sanitarias.
El proyecto impulsado por PRO-VIDA pretende reforzar estas capacidades mediante formación, acompañamiento técnico, mejora de instalaciones y fortalecimiento organizativo.
Para AEOPAS, la experiencia demuestra que la sostenibilidad del abastecimiento no puede reducirse a construir infraestructuras. «Una tubería puede construirse en unos meses, pero garantizar el derecho al agua exige organizaciones sólidas, conocimiento técnico y una comunidad capaz de sostener el servicio durante décadas», resume la Asociación.
La visita también ha incluido espacios de intercambio institucional vinculados a la cooperación española y a la gestión territorial del agua, así como contactos con la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, en Honduras.
AEOPAS considera que esta experiencia debe contribuir a fortalecer las relaciones de cooperación técnica entre los operadores públicos españoles y las organizaciones responsables de los servicios de agua en Iberoamérica.
Los profundos vínculos históricos, culturales, lingüísticos y sociales entre España y los países iberoamericanos constituyen una base para promover el intercambio de conocimientos, desarrollar programas de formación y establecer alianzas duraderas.
La Asociación subraya, sin embargo, que estas relaciones deben construirse desde la cooperación horizontal y el aprendizaje mutuo, reconociendo tanto la experiencia técnica de los operadores españoles como el conocimiento territorial, la organización social y las capacidades comunitarias existentes en América Latina.
En este sentido, AEOPAS recuerda que la cooperación internacional forma parte de sus propios principios fundacionales. El artículo 3 de sus Estatutos recoge la solidaridad y la cooperación internacional, mientras que el artículo 5 contempla expresamente el apoyo a operadores públicos de países en desarrollo mediante alianzas de carácter público-público.
La entidad aspira a que esta experiencia permita abrir nuevas oportunidades de colaboración para sus asociados en ámbitos como la potabilización, la depuración, la eficiencia hidráulica, la planificación de sequías, la digitalización apropiada y la gobernanza participativa.
AEOPAS ha querido expresar su agradecimiento especial a Soli y a todo el equipo de PRO-VIDA por su acogida, compromiso y trabajo continuado junto a las comunidades rurales.
La Asociación también reconoce la colaboración de Ecologistas en Acción, de las juntas comunitarias, de los responsables de los sistemas de agua y de las organizaciones e instituciones participantes.
Asimismo, agradece a la AECID el apoyo financiero que hace posible este proyecto, orientado a fortalecer las capacidades locales y avanzar en la garantía efectiva del derecho humano al agua potable y al saneamiento.
Para AEOPAS, la experiencia salvadoreña constituye un ejemplo de cómo la cooperación internacional puede generar beneficios en ambas direcciones: las comunidades reciben conocimientos técnicos y herramientas de gestión, mientras que los operadores públicos españoles conocen experiencias de organización, solidaridad y participación que enriquecen su propia visión del servicio público.
«El agua no entiende de fronteras y la solidaridad tampoco debería hacerlo. Compartir conocimientos con las comunidades de Iberoamérica es una forma de defender el derecho humano al agua y de reforzar los vínculos culturales y sociales que nos unen», concluye AEOPAS.
La Asociación reafirma así su voluntad de seguir promoviendo una cooperación internacional basada en el fortalecimiento de las capacidades públicas y comunitarias, la protección de los recursos hídricos y la garantía del acceso universal al agua y al saneamiento.
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