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La agencia de la ONU para los refugiados advierte de que tres de cada cuatro personas desplazadas por la fuerza viven en países con una exposición elevada o extrema a amenazas climáticas y reclama más financiación para su adaptación.
ACNUR ha alertado de que cerca de 90 millones de personas desplazadas por la fuerza —tres de cada cuatro en todo el mundo— viven en países especialmente expuestos a fenómenos relacionados con el cambio climático, como sequías graves, inundaciones y episodios de calor extremo. Ante la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que tendrá lugar en Antalya (Turquía), la organización reclama medidas urgentes para proteger a estas comunidades y garantizar que la financiación climática llegue a quienes más la necesitan.
Según el último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, muchas de estas personas ya habían tenido que abandonar sus hogares por conflictos, violencia o persecución y ahora afrontan una nueva amenaza en lugares donde los recursos y las posibilidades de adaptación son limitados.
El documento recoge los testimonios de ocho representantes de comunidades desplazadas que viven en primera línea de la crisis climática. Sus experiencias muestran cómo el cambio climático agrava los desplazamientos, pero también ponen de relieve la capacidad de resistencia de estas poblaciones, las soluciones que están desarrollando y la importancia de incorporar sus voces a las decisiones climáticas.
“Las personas refugiadas sufren una doble injusticia. Se han visto obligadas a huir de conflictos que no han provocado y ahora están en primera línea de una crisis climática a la que apenas han contribuido”, afirma Antón Leis García, Alto Comisionado Adjunto de ACNUR para Operaciones.
Los riesgos climáticos también dificultan la búsqueda de soluciones duraderas para las personas desplazadas. Durante el primer semestre de 2026, más de dos de cada tres personas refugiadas que regresaron a sus países lo hicieron a lugares altamente vulnerables a las amenazas climáticas, lo que pone en cuestión la sostenibilidad de esos retornos.
Uno de los ejemplos señalados por ACNUR es Siria, donde cerca de cuatro millones de personas desplazadas han regresado recientemente. La reducción de las reservas de agua subterránea y los fenómenos climáticos adversos amenazan los procesos de recuperación. Además, las inundaciones registradas en mayo de 2026 a lo largo del río Éufrates dañaron viviendas y obligaron a miles de personas a desplazarse de nuevo.
El calor extremo constituye otra amenaza creciente. De aquí a 2050, uno de cada tres asentamientos de refugiados del África subsahariana podría registrar al menos 100 días al año de calor peligroso para la salud. Más de la mitad de los lugares analizados podrían experimentar al menos 50 días adicionales de temperaturas extremas cada año.
En algunos asentamientos de Etiopía, como Helaweyn, este calor peligroso podría prolongarse durante más de 200 días al año, aumentando los riesgos para la salud y los medios de vida de las personas desplazadas y dificultando su permanencia en los lugares donde han encontrado protección.
Los desastres relacionados con fenómenos meteorológicos han provocado más de 255 millones de desplazamientos internos en todo el mundo durante la última década, lo que equivale a unos 70.000 movimientos diarios.
En África Oriental, las previsiones apuntan a que las graves inundaciones asociadas a un episodio muy intenso de El Niño podrían provocar el desplazamiento de entre 770.000 y tres millones de personas en Somalia, Kenia, Sudán del Sur y Uganda antes de finales de 2026, en función de la evolución de las condiciones. La región ya sufrió inundaciones devastadoras en 2023, que obligaron a desplazarse a más de dos millones de personas, algunas de ellas en varias ocasiones.
El cambio climático también incrementa el riesgo de apatridia. Cerca del 90% de los 4,7 millones de personas apátridas registradas en el mundo viven en países con una exposición alta o extrema a amenazas climáticas. La falta de reconocimiento jurídico dificulta que muchas de ellas puedan acceder a la asistencia tras un desastre y a los recursos necesarios para adaptarse.
Pese a la magnitud de estos riesgos, la financiación climática continúa sin llegar de manera suficiente a las comunidades más vulnerables. Según ACNUR, los países frágiles y afectados por conflictos reciben apenas el 10% de la financiación climática mundial, pese a que muchos acogen a importantes poblaciones refugiadas y desplazadas y presentan una elevada exposición a los efectos del cambio climático.
La organización considera prioritario aumentar la inversión en adaptación, especialmente en las zonas de retorno, para facilitar la reintegración y crear las condiciones necesarias para que los regresos sean seguros, voluntarios y sostenibles.
“Necesitamos que la financiación climática llegue a las comunidades con mayores necesidades. Invertir hoy en resiliencia, medios de vida y soluciones sostenibles puede ayudar a evitar nuevos desplazamientos mañana. Las personas refugiadas y las comunidades que las acogen deben estar incluidas en estas inversiones desde el principio, no ser una consideración de última hora”, señala Antón Leis García.
Mientras tanto, las propias comunidades refugiadas y de acogida ya están desarrollando respuestas frente a los desafíos climáticos. Entre ellas figuran sistemas de abastecimiento de agua alimentados con energía solar en el Sahel, proyectos de agricultura adaptada al cambio climático en Uganda y actuaciones de restauración de tierras y manglares en Colombia. ACNUR trabaja con gobiernos, socios para el desarrollo y el sector privado para respaldar y ampliar estas iniciativas.
En la COP31, ACNUR pedirá a los gobiernos y a las instituciones de financiación climática que incluyan a las personas refugiadas y desplazadas en los planes climáticos nacionales y en los mecanismos de financiación. También reclamará más inversión a largo plazo en adaptación en contextos de fragilidad y en zonas afectadas por desplazamientos, así como un cambio desde las respuestas basadas exclusivamente en la ayuda humanitaria a corto plazo hacia soluciones sostenibles y lideradas desde el ámbito local.
La celebración de la conferencia en Turquía, uno de los países que más población refugiada acoge en el mundo, representa una oportunidad para situar las necesidades de las personas desplazadas y de las comunidades de acogida en el centro de la acción climática internacional.
“Las personas refugiadas están en primera línea de la crisis climática, pero también forman parte de la solución”, concluye Antón Leis García, quien reclama que la COP31 traduzca los compromisos en inversiones concretas que permitan reforzar la protección y la resiliencia de millones de personas obligadas a huir.
Coincidiendo con la conferencia, el Comité español de ACNUR exhibirá del 6 al 29 de noviembre en el Patio Central de Contemporánea Condeduque, en Madrid, la exposición fotográfica Fronteras del clima: el impacto del cambio climático sobre poblaciones desplazadas, del fotoperiodista Santi Palacios. La muestra documenta cómo la crisis climática agrava el desplazamiento forzado en Honduras, Sudán del Sur y Bangladesh.
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