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La asociación gasista valora la creación del mercado de capacidad, pero reclama que las próximas subastas reconozcan adecuadamente la aportación de los ciclos combinados y permitan asegurar la viabilidad de las centrales de respaldo.
La Asociación Española del Gas (Sedigas) ha valorado positivamente la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden TED/966/2026, de 15 de septiembre, por la que se crea el mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español. La asociación había reclamado este mecanismo como pieza imprescindible para garantizar la seguridad de suministro en un sistema eléctrico cada vez más dependiente de la variabilidad e intermitencia de la generación renovable.
La orden, dictada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tras casi seis años de tramitación, crea un mecanismo centralizado de subastas de potencia firme en el que podrán participar productores, almacenamiento, consumidores y agregadores de demanda. Su aprobación llega después de que los análisis de cobertura de Red Eléctrica de España y de la red europea de operadores (ENTSO-e) hayan confirmado sistemáticamente, desde 2023, un riesgo de déficit de suministro por encima del estándar de fiabilidad fijado por el regulador.
“Llevamos años señalando que el sistema eléctrico necesita un mecanismo de capacidad para remunerar la potencia firme que da respaldo a las renovables. La aprobación de esta orden es una buena noticia y un paso que reconoce una realidad que los análisis de cobertura europeos y nacionales han confirmado de forma reiterada: sin ciclos combinados disponibles, la seguridad de suministro del sistema eléctrico español está en riesgo”, ha declarado Joan Batalla, presidente de Sedigas.
Para la asociación, esta aprobación constituye un hito relevante para el sistema energético español, al reconocer la necesidad de contar con recursos de generación firmes, flexibles y gestionables capaces de garantizar el equilibrio permanente entre oferta y demanda eléctrica. Esta medida contribuirá a preservar la competitividad de la economía española, facilitando un entorno energético más seguro, estable y predecible.
A juicio de la asociación, la decisión adoptada por el Gobierno de España supone el reconocimiento de que la transición energética requiere no solo nuevas inversiones en generación renovable, sino también mecanismos adecuados que permitan mantener disponibles aquellos recursos capaces de garantizar el suministro. Sin una señal económica clara, la viabilidad de las centrales de respaldo —esenciales para cubrir los momentos de escasez que las renovables no pueden garantizar— quedaba comprometida, con el consiguiente riesgo para la estabilidad del sistema.
En este sentido, Sedigas señala que las centrales de ciclo combinado continúan desempeñando una función estratégica como respaldo de las energías renovables eléctricas y como garantía última de suministro para todos los consumidores domésticos, industriales y servicios esenciales.
Sedigas subraya que la eficacia del mercado de capacidad dependerá de las condiciones que se concreten en su desarrollo y en las convocatorias de las subastas. Estas reglas determinarán qué instalaciones pueden participar, cuánta potencia se les reconoce como respaldo fiable y qué ingresos podrán obtener si resultan adjudicatarias.
Entre los elementos pendientes destacan los coeficientes de firmeza, que establecerán qué parte de la potencia de cada tecnología se considera disponible de forma fiable para atender las necesidades del sistema. Su definición tendrá un efecto directo sobre la potencia por la que podrán competir las centrales y, lo que resulta más importante, sobre la seguridad del sistema. La asociación considera esencial que estos valores reflejen adecuadamente la aportación de los ciclos combinados a la seguridad de suministro en relación con otras tecnologías con un menor nivel de firmeza.
En materia de emisiones, las instalaciones existentes deberán acreditar un máximo de 550 gramos de CO₂ de origen fósil por kilovatio hora, calculado a partir de su eficiencia de diseño. Además, las subastas principales podrán incorporar, excepcionalmente, un límite de emisiones para el conjunto de las instalaciones adjudicatarias. Este segundo criterio podría dejar fuera a centrales que cumplan el requisito individual. Por ello, la asociación considera necesario que su aplicación sea compatible con la disponibilidad de la potencia firme efectiva que el sistema necesita para garantizar el suministro.
A estas cuestiones se añade la situación de las instalaciones que participen y no resulten adjudicatarias. La orden no establece un procedimiento específico de cierre o hibernación vinculado al resultado de las subastas. Sedigas reclama que se clarifique el marco aplicable a estas centrales, de modo que sus titulares puedan planificar su actividad con seguridad jurídica y certidumbre económica.
Por otra parte, el periodo de prestación del servicio para las instalaciones existentes se fija en doce meses en las subastas principales y transitorias. La asociación considera que este horizonte resulta insuficiente para dar visibilidad a inversiones como grandes reparaciones o actuaciones destinadas a prolongar la vida útil de las centrales.
“Lo decisivo es que el mercado permita mantener disponible el respaldo que necesita el sistema eléctrico. Para ello, las reglas deben reconocer adecuadamente la aportación de los ciclos combinados y ofrecer a sus titulares un horizonte que permita planificar las inversiones necesarias para mantener su operación en un entorno cada vez más exigente. La seguridad de suministro exige que estas cuestiones queden resueltas”, ha señalado Joan Batalla.
Sedigas solicita que estas cuestiones se aborden mediante los instrumentos normativos que correspondan y que el procedimiento de operación, las reglas de las subastas y las convocatorias concreten cuanto antes las condiciones necesarias para una aplicación eficaz del mecanismo.
Sedigas valora el trabajo desarrollado por el MITECO y por la Comisión Europea para diseñar y validar un mecanismo compatible con la normativa comunitaria y orientado a reforzar la seguridad de suministro y la resiliencia del sistema eléctrico nacional. Esta orden permitirá situar a nuestro país en línea con otros mercados europeos que ya cuentan con mecanismos de esta naturaleza.
La asociación reclama culminar con la mayor celeridad posible la normativa de desarrollo pendiente y reitera su disposición a colaborar con el MITECO en la implantación de esta herramienta estratégica, con el objetivo de comenzar a proporcionar las señales económicas necesarias para garantizar la disponibilidad de capacidad firme de respaldo durante los próximos años.
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