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Las políticas de descarbonización de la Unión Europea corren el riesgo de generar una profunda desigualdad social si se diseñan basándose exclusivamente en el menor coste económico.
Así lo concluye un nuevo estudio liderado por el centro de investigación Basque Centre for Climate Change (BC3), en el que se constata que las medidas climáticas más eficientes a nivel macroeconómico impactan de forma negativa y desproporcionada en las rentas más bajas, las zonas rurales y los países del este de Europa.
El trabajo, publicado en la revista científica npj Climate Action, ofrece una radiografía detallada sobre el impacto distributivo de normativas clave europeas como el paquete Fit-for-55 o los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC).
Para superar las limitaciones de estudios previos, que habitualmente no contemplaban las desigualdades de renta o género, el equipo liderado por la investigadora de BC3 Eva Alonso-Epelde ha desarrollado una metodología pionera.
El estudio ha integrado datos representativos de unos 200.000 hogares europeos y ha evaluado el impacto sobre el bienestar económico basándose en cuatro escenarios consensuados con expertos de entidades como el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, Bruegel y Carbon Market Watch.
Los resultados revelan que apostar por un mercado único de carbono (el escenario más eficiente, con un impacto global del -5,14% en el bienestar) resulta regresivo. Esta vía concentra las mayores pérdidas económicas en los países del Centro y Este de Europa, afectando especialmente a los hogares de ingresos medio-bajos.
Además, el análisis a nivel intra-nacional muestra realidades complejas. Aunque las rentas medias y altas sufren mayores pérdidas porcentuales derivadas del gasto en combustibles privados, las poblaciones más frágiles son las que enfrentan las consecuencias más severas ante el encarecimiento de la energía.
Por un lado, las familias que residen en áreas de baja densidad poblacional como zonas rurales son las más perjudicadas en todos los escenarios debido a su total dependencia del vehículo privado y la carencia de alternativas de transporte público.
Por otro lado, aunque los hogares encabezados por hombres asumen un mayor impacto directo por el uso del automóvil, el encarecimiento del transporte agrava de forma indirecta las barreras de movilidad y el acceso al empleo para las mujeres de bajos ingresos.
Frente a las políticas de precio único, la investigación subraya el valor corrector de los planes nacionales (PNIEC). Aunque este escenario es macroeconómicamente menos eficiente (con un impacto del -6,5% en el bienestar general), resulta menos regresivo, ya que tiene en cuenta las capacidades regionales y protege mejor a los grupos de menores ingresos a escala europea.
“Los resultados de nuestro estudio ofrecen evidencia científica para focalizar de manera estratégica herramientas comunitarias de descarbonización. Asimismo, es necesario priorizar las transferencias directas para mitigar la pobreza energética, aumentar la inversión en transporte público con perspectiva de género y establecer subsidios a la movilidad limpia en el ámbito rural”, concluye Eva Alonso-Epelde.
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