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El proyecto de real decreto exige a las instalaciones de más de 1 MW cumplir los niveles europeos más exigentes de eficiencia energética e hídrica y respaldar con nueva generación renovable al menos el 80% de su consumo.
El Gobierno ha iniciado el trámite de audiencia pública, por la vía de urgencia, de un proyecto de real decreto destinado a establecer nuevos requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos.
La propuesta, impulsada por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública, estará en audiencia pública hasta el 4 de septiembre.
El futuro real decreto afectará a los centros de datos con una potencia eléctrica superior a 1 MW, considerados los que presentan una mayor incidencia territorial, energética e hídrica. El objetivo es acompasar el crecimiento de estas infraestructuras con criterios de eficiencia y sostenibilidad, al tiempo que se refuerza la soberanía digital de España y de la Unión Europea.
España se ha convertido en un destino atractivo para la instalación de centros de datos por su ubicación geográfica, su clima y su capacidad de generación renovable. Según el Gobierno, desde 2021 ya se han otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica para este tipo de instalaciones.
La Estrategia de Inteligencia Artificial española estima, además, unos 2,5 GW de potencia de computación en 2030, que requerirían entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica. Las peticiones y permisos concedidos, sin embargo, superan ampliamente estas previsiones.
Ante este escenario, el Ejecutivo plantea establecer requisitos que permitan priorizar los proyectos con mayor aportación económica y digital y menor impacto ambiental.
Uno de los principales bloques del proyecto se centra en el consumo de agua y electricidad de estas instalaciones.
Los centros de datos deberán cumplir con los niveles más exigentes de eficiencia energética e hídrica previstos en el etiquetado europeo específico para estas infraestructuras. A partir de agosto de 2027, cuando está prevista la entrada en vigor del correspondiente marco europeo, el proyecto plantea exigir la categoría A tanto en eficiencia energética como hídrica.
Estos criterios se medirán mediante indicadores como el Power Usage Effectiveness (PUE), relacionado con la eficiencia energética, y el Water Usage Effectiveness (WUE), relativo al consumo de agua.
La propuesta introduce además obligaciones específicas sobre el origen de la electricidad utilizada por los centros de datos.
Mientras la generación renovable no supere el 90% del mix eléctrico, estas instalaciones deberán consumir al menos un 80% de energía renovable. Además, el proyecto establece que esta energía deberá proceder de nueva capacidad renovable.
En concreto, cada nuevo megavatio de consumo deberá estar acompañado por un nuevo megavatio de generación renovable instalado durante los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro. El suministro podrá realizarse mediante autoconsumo o contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA).
La exigencia también incorpora un criterio de correlación horaria: en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá corresponder a energía renovable generada durante esa misma hora.
El objetivo es evitar que el crecimiento de la demanda eléctrica asociada a los centros de datos se traduzca en un mayor recurso a fuentes fósiles para cubrir las necesidades del sistema.
El proyecto de real decreto incorpora también medidas destinadas a reforzar la resiliencia y soberanía digital.
Los centros de datos deberán estar operados por entidades establecidas en la Unión Europea y los datos, metadatos y registros relacionados con su funcionamiento deberán permanecer dentro del territorio comunitario.
Además, las empresas deberán adoptar medidas para controlar los accesos a estos datos desde terceros países y evitar aquellos que no estén amparados por el Derecho europeo.
El cumplimiento de estas condiciones será supervisado por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. En caso de incumplimiento, las consecuencias podrían llegar hasta la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.
El cumplimiento de los nuevos requisitos será también una condición para que los proyectos puedan obtener y mantener sus derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.
Los centros que incumplan las obligaciones relativas a la eficiencia, la adicionalidad de las renovables o la correlación horaria se enfrentarán a penalizaciones crecientes en cargos y peajes. En última instancia, podrían perder sus derechos de acceso a la red.
Con estos recargos, el Gobierno pretende compensar el posible sobrecoste que el incumplimiento de las obligaciones energéticas pudiera generar para el sistema eléctrico y, en consecuencia, para los consumidores.
Los proyectos de centros de datos que ya se encuentren en tramitación dispondrán de seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento. El plazo será de tres meses para aquellos que estén a la espera de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica.
Con esta propuesta, el Ejecutivo pretende acompañar el crecimiento de una infraestructura considerada esencial para la economía digital con mayores garantías de eficiencia energética, ahorro de agua, generación renovable y soberanía sobre los datos.
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