España continúa dependiendo en gran medida de la energía procedente del exterior, a pesar del crecimiento experimentado por las energías renovables en los últimos años. Así lo refleja el informe «España ante el reto de la independencia energética. Cómo garantizar una transición basada en la abundancia, la competitividad y la seguridad de suministro», elaborado por Foro Regulación Inteligente, que sitúa la dependencia energética exterior en el 68,4% durante 2024.
El estudio señala que el petróleo y el gas representan el 97% de las importaciones energéticas, lo que mantiene a España expuesta a la volatilidad de los mercados internacionales, las tensiones geopolíticas y los riesgos de suministro. Esta situación contrasta con el avance de las energías limpias, que en 2025 generaron el 55,5% de la electricidad del país, mientras que tres de cada cuatro kilovatios hora se produjeron sin emisiones de dióxido de carbono.
Sin embargo, el informe advierte de que el desarrollo de las energías renovables debe ir acompañado de inversiones en infraestructuras. Entre las principales carencias identifica la escasa capacidad de interconexión eléctrica con Europa, que apenas alcanza el 3% de la potencia instalada, muy lejos del objetivo europeo del 15% para 2030. Esta limitación dificulta tanto la exportación de los excedentes de energía renovable como la importación de electricidad cuando el sistema lo necesita.
El almacenamiento energético constituye otro de los grandes desafíos. España dispone actualmente de 7,6 gigavatios de capacidad, frente al objetivo de alcanzar 22,5 gigavatios, lo que provoca que parte de la electricidad generada por las instalaciones solares durante las horas de mayor producción no pueda almacenarse para utilizarse posteriormente. Como consecuencia, durante 2025 el precio de la electricidad fue negativo en alrededor del 6% de las horas, debido al exceso de oferta y a la falta de capacidad de almacenamiento.
El documento también prevé un fuerte incremento de la demanda eléctrica como consecuencia de la electrificación del transporte, la climatización de edificios, la transformación industrial y el crecimiento de los centros de datos asociados a la inteligencia artificial. Según sus estimaciones, el consumo eléctrico podría aumentar entre un 33% y un 54% entre 2026 y 2030, llegando incluso a duplicarse hacia 2035.
Además de reclamar más redes, almacenamiento e interconexiones, el informe identifica la lentitud administrativa como uno de los principales obstáculos para la transición energética. Aunque el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contempla movilizar cerca de 294.000 millones de euros hasta 2030, numerosos proyectos permanecen bloqueados por retrasos en la tramitación administrativa.
Como ejemplo, el estudio cita tres proyectos de almacenamiento con baterías promovidos por Sungrow en Vall d´Uixó (Castellón), que suman 171,5 megavatios de potencia, más de 700 megavatios hora de capacidad de almacenamiento y una inversión cercana a 150 millones de euros. Según el informe, estas instalaciones, cuya tramitación continúa pendiente, permitirían almacenar energía renovable en los momentos de mayor producción y contribuirían a mejorar la estabilidad del sistema eléctrico.
El informe concluye que alcanzar una verdadera independencia energética exige complementar el crecimiento de las renovables con nuevas infraestructuras, una mayor capacidad de almacenamiento, mejores conexiones con Europa y una Administración capaz de agilizar la autorización de los proyectos estratégicos para garantizar un suministro seguro, competitivo y sostenible.
