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La contaminación atmosférica seguirá siendo una de las principales amenazas para la salud pública en Europa durante la próxima década, pese a los avances en descarbonización y las políticas climáticas impulsadas por la Unión Europea
Así lo concluye un estudio liderado por el Basque Centre for Climate Change (BC3), que advierte de que las medidas actuales son insuficientes para proteger a los colectivos más vulnerables frente a los efectos de la polución.
La investigación, publicada en la revista científica The Lancet Regional Health, estima que la exposición a partículas finas PM2,5 provocó más de 239.000 muertes prematuras en Europa en 2022 y que, incluso con las políticas previstas para 2030, este contaminante seguirá causando más de 153.000 fallecimientos anuales.
El trabajo introduce un enfoque innovador para analizar cómo la contaminación afecta de forma desigual a la población según factores como el nivel de ingresos, la edad o el entorno de residencia. Los resultados muestran que los hogares de menores ingresos y las áreas urbanas, especialmente en los países balcánicos, soportan una carga sanitaria significativamente mayor.
“La transición energética europea parece avanzar de forma positiva en términos generales, pero los promedios esconden importantes desigualdades”, explica Clàudia Rodés-Bachs, investigadora de BC3 y autora principal del estudio. Según la experta, las políticas climáticas y de calidad del aire diseñadas sobre datos agregados corren el riesgo de dejar atrás a los grupos más vulnerables.
El estudio, realizado junto a la Universidad Técnica Nacional de Atenas (NTUA) y el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), analiza el escenario denominado POLICY55, que incorpora los Planes Nacionales de Energía y Clima y el paquete europeo Fit for 55, orientado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 55 % para 2030 respecto a los niveles de 1990.
Los investigadores defienden que evaluar los impactos sanitarios de estas políticas con un nivel de detalle social y territorial mucho más preciso es esencial para garantizar que la transición energética sea no solo efectiva, sino también justa.
“El análisis permite identificar quiénes asumen realmente los costes sanitarios de la contaminación y de la transición energética, tanto entre países como dentro de cada territorio”, señala Rodés-Bachs.
Las conclusiones del trabajo apuntan a la necesidad de complementar las estrategias climáticas actuales con medidas específicas que reduzcan las desigualdades en la exposición a la contaminación atmosférica. Los autores consideran que incorporar criterios de equidad social en el diseño de las políticas será clave para evitar que determinados colectivos continúen soportando una carga desproporcionada sobre su salud.
La investigación ha contado con financiación de la Unión Europea a través del programa Horizon Europe y de las ayudas Marie Skłodowska-Curie Actions, y aporta nuevas evidencias para orientar políticas climáticas más eficaces y socialmente inclusivas en Europa.
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