22 de junio, 2026
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España ha avanzado en el acceso a la información ambiental y en la participación ciudadana en asuntos relacionados con el medio ambiente, pero todavía mantiene importantes desafíos para garantizar plenamente los derechos recogidos en el Convenio de Aarhus.

Esta es una de las principales conclusiones del Barómetro CONAMA 2026, presentado por la Fundación Conama y elaborado por la consultora SAMSØ bajo la dirección de Cristina Monge y Joan Herrera.

La investigación, considerada la primera evaluación sistemática sobre la aplicación práctica del Convenio de Aarhus en España desde la perspectiva profesional, se basa en 211 encuestas, 23 entrevistas en profundidad y una sesión de contraste con expertos del sector ambiental.

El estudio concluye que el acceso a la información ambiental es actualmente el pilar mejor valorado. El 83,9 % de los profesionales consultados afirma haber solicitado información ambiental a alguna administración pública, aunque los autores destacan la necesidad de extender las buenas prácticas de transparencia al conjunto de las instituciones y avanzar hacia modelos más proactivos.

Además, el informe señala que las principales barreras detectadas no son tecnológicas, sino organizativas y culturales, lo que abre la puerta a mejoras basadas en la formación y la voluntad institucional.

Una participación cada vez más consolidada

Los resultados muestran también una elevada implicación de los profesionales en los procesos participativos. El 77,7 % de los encuestados ha participado en consultas públicas relacionadas con cuestiones ambientales.

Según el informe, experiencias como la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética o la Ley de Aguas de Extremadura demuestran que los procesos participativos generan confianza y legitimidad cuando las aportaciones ciudadanas son tenidas en cuenta y existe una devolución clara de los resultados.

La justicia ambiental, la asignatura pendiente

El acceso a la justicia sigue siendo el ámbito con mayor margen de mejora. Aunque la legislación reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para entidades ambientales, muchas organizaciones desconocen esta posibilidad o encuentran dificultades para ejercerla.

A ello se suman los largos plazos judiciales, que alcanzan una media de 19 meses en los Tribunales Superiores de Justicia, así como los problemas para ejecutar determinadas sentencias favorables en materia ambiental.

No obstante, el estudio destaca algunas experiencias positivas, como el crecimiento de la abogacía pro bono especializada o los avances en la especialización judicial en cuestiones relacionadas con el agua y el medio ambiente.

El gran reto: dar a conocer los derechos ambientales

El hallazgo más significativo del Barómetro es que el principal obstáculo para la aplicación efectiva del Convenio de Aarhus es el desconocimiento. Más de la mitad de los profesionales consultados (53,1 %) reconoce tener un conocimiento nulo o básico del convenio, porcentaje que asciende al 57,4 % entre quienes trabajan en la administración pública.

Ante esta situación, el informe plantea 20 medidas para reforzar la información ambiental, la participación pública y la justicia ambiental en España. Entre las propuestas prioritarias figuran la formación obligatoria sobre el Convenio de Aarhus para todas las administraciones, la obligación de ofrecer una respuesta motivada en los procesos participativos y la garantía efectiva de la asistencia jurídica gratuita para las entidades ambientales.

CONAMA 2026 pone el foco en la acción

La presentación del estudio sirvió también para lanzar oficialmente el Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA 2026), que se celebrará en IFEMA Madrid entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre bajo el lema “Hacer”.

El presidente de la Fundación Conama, Antonio Lucio, destacó que el objetivo de esta edición será mostrar proyectos e iniciativas que ya están impulsando la transformación sostenible del territorio. “Hay que hacer para creer que podemos hacer”, afirmó durante el acto.

El congreso reunirá a miles de profesionales, representantes institucionales, empresas, organizaciones ambientales, investigadores y medios de comunicación para debatir sobre los principales retos ambientales y de sostenibilidad que afronta España en los próximos años.

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