Según alerta ASEGRE, la asociación que agrupa a los gestores de residuos industriales y peligrosos, el fin de las autorizaciones el pasado 26 de abril ha provocado un bloqueo inmediato en la gestión de estos residuos, que hasta ahora se trataban en instalaciones especializadas andaluzas.
Plantas infrautilizadas y riesgo para el empleo
Las instalaciones de tratamiento en Andalucía, altamente tecnificadas y con grandes inversiones, están operando muy por debajo de su capacidad. Esta situación pone en riesgo su viabilidad económica y podría tener consecuencias directas en el empleo del sector.
Desde la aprobación de la ley andaluza de economía circular en 2023, la actividad ya venía reduciéndose, pero la entrada en vigor total de la restricción ha intensificado el problema.
Más costes y pérdida de competitividad para la industria
El impacto trasciende a Andalucía. Empresas de comunidades como Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura o Canarias ven ahora limitada su capacidad de tratamiento, lo que las obliga a:
- Transportar residuos a mayores distancias
- Buscar alternativas fuera de España
Esto supone un aumento de los costes logísticos y operativos y una clara pérdida de competitividad para la industria española.
Choque con la normativa estatal de residuos
ASEGRE advierte de que la medida entra en conflicto con la legislación estatal, que establece el principio de proximidad a escala nacional, es decir, tratar los residuos en la instalación adecuada más cercana, independientemente de la comunidad autónoma.
La aplicación actual genera situaciones incoherentes: residuos pueden recorrer cientos de kilómetros dentro de Andalucía, pero no cruzar desde regiones limítrofes más cercanas.
CNMC y Economía cuestionan la restricción
Tanto la CNMC como la Secretaría de Unidad de Mercado del Ministerio de Economía han señalado que la normativa estatal no permite prohibiciones generales al traslado de residuos entre comunidades.
Ambos organismos defienden que el sistema debe basarse en un modelo de evaluación caso por caso y recuerdan que existen alternativas menos restrictivas para cumplir los objetivos ambientales sin distorsionar el mercado.
Riesgo de fragmentación del sistema nacional
ASEGRE insiste en la necesidad de avanzar hacia una red estatal integrada de gestión de residuos, tal como recoge la ley nacional de 2022, que permita optimizar recursos y garantizar eficiencia ambiental y económica.
La asociación advierte de que medidas unilaterales como esta fragmentan el mercado, generan ineficiencias y dificultan la transición hacia un modelo más sostenible.
Un problema estructural que exige coordinación
El sector reclama una solución coordinada a nivel nacional que garantice el correcto funcionamiento del sistema, preserve la competitividad industrial y evite impactos negativos en el empleo.
Sin una visión conjunta, el veto andaluz podría convertirse en un precedente que complique aún más la gestión de residuos en España.
