Los firmantes advierten de que la normativa, en su forma actual, podría poner en riesgo la seguridad del suministro energético y la competitividad europea, especialmente en el actual contexto de tensión geopolítica.
Según los cosignatarios, hasta el 43% de las importaciones de gas natural y cerca del 90% de las de petróleo crudo podrían no cumplir con los requisitos previstos para enero de 2027. Además, consideran que las obligaciones impuestas a productores y operadores europeos podrían acelerar el declive de la producción interna, debilitar la autonomía estratégica de la UE y encarecer la transición energética.
El sector también alerta de que las sanciones por incumplimiento, que pueden alcanzar hasta el 20% de la facturación anual, están desincentivando la firma de nuevos contratos de suministro, lo que podría agravar la situación del mercado energético.
Ante este escenario, los firmantes proponen la aplicación de un mecanismo temporal de suspensión, conocido como “stop-the-clock”, que permita revisar el reglamento y adoptar un enfoque más realista y proporcionado. Esta medida facilitaría la introducción de ajustes normativos que garanticen la seguridad jurídica y eviten impactos negativos en el volumen y precio de las importaciones energéticas.
Pese a estas demandas, las organizaciones reafirman su compromiso con la reducción de emisiones de metano, destacando que el sector ha logrado disminuirlas en un 77% entre 1970 y 2024, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente y la base EDGAR.
Asimismo, muestran su disposición a colaborar con las instituciones europeas para asegurar que la implementación de las políticas climáticas sea compatible con la seguridad del suministro, la asequibilidad energética y la competitividad industrial en Europa.
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