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La Asociación Española del Gas, Sedigas, ha valorado positivamente el proyecto de Real Decreto de impulso al biometano anunciado por el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, durante la inauguración de la 52ª Reunión Anual de la asociación.
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La organización considera que la futura norma representa “un avance en la dirección adecuada” para acelerar el desarrollo del biometano en España y reforzar el papel de este gas renovable en la transición energética.
Según destacó el presidente de Sedigas, Joan Batalla, el proyecto reconoce las oportunidades que ofrece el despliegue del biometano para reforzar la autonomía energética, avanzar en la descarbonización, impulsar la economía circular mediante la valorización de residuos y generar empleo, especialmente en entornos rurales.
Además, la asociación considera que el nuevo marco regulatorio aportará mayor previsibilidad y contribuirá a dinamizar las inversiones en nuevos proyectos.
Uno de los principales aspectos valorados por Sedigas es la introducción de una cuota mínima anual creciente de biometano en las ventas de gas natural y gas natural licuado para usos distintos al transporte.
La propuesta establece una senda obligatoria que comenzará en 2028 con una cuota del 0,5% y crecerá progresivamente hasta alcanzar el 6% en 2035, porcentaje que se mantendrá posteriormente mientras no se aprueben nuevos objetivos.
Para Sedigas, esta medida actuará como un elemento tractor para el despliegue de la tecnología, al generar una señal de demanda estable a medio y largo plazo.
La asociación destaca además que el anuncio llega en un momento de fuerte crecimiento del sector en España. Durante 2025, el número de plantas operativas de biometano pasó de 12 a 25 instalaciones, y las previsiones apuntan a que podrían alcanzar las 46 plantas a finales de 2026, con una capacidad de producción estimada de 4,6 TWh anuales.
De cara a 2027, el sector prevé un incremento de capacidad de entre 11 y 14 TWh anuales, equivalente al 3%-5% de la demanda nacional de gas natural, mientras que para 2030 la producción podría alcanzar los 22 TWh anuales si se desarrollan todos los proyectos previstos.
“El diálogo entre administraciones, sector energético, industria y sociedad es fundamental para construir un marco regulatorio eficaz y equilibrado”, afirmó Joan Batalla, quien subrayó la importancia de avanzar conjuntamente para garantizar el éxito de la transición energética.
El proyecto de Real Decreto introduce además modificaciones en la regulación del sistema gasista con el objetivo de facilitar la integración de gases renovables y optimizar el uso de las infraestructuras existentes.
Entre las novedades destaca la regulación específica de los equipos de flujo inverso, dispositivos técnicos que permiten impulsar gas desde redes de menor presión hacia gasoductos de mayor presión, facilitando así la inyección de biometano en el sistema gasista.
La norma atribuye la titularidad, operación y mantenimiento de estos equipos a los transportistas o distribuidores responsables de las redes de mayor presión, mientras que su retribución correrá a cargo del sistema gasista bajo determinados criterios técnicos y de eficiencia.
Asimismo, el texto regula las líneas directas de conexión entre plantas de biometano y redes gasistas. En este modelo, el productor podrá financiar y construir la canalización necesaria, aunque deberá cederla posteriormente al sistema gasista, que asumirá su gestión y mantenimiento.
La propuesta también refuerza las garantías jurídicas para los productores y establece mecanismos de resolución de discrepancias técnicas o económicas a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o los órganos autonómicos competentes.
Sedigas ha anunciado que participará activamente en el proceso de audiencia e información pública abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hasta el próximo 11 de junio.
La asociación aportará propuestas orientadas a consolidar un marco regulatorio “predecible, eficiente y alineado con el potencial estratégico del biometano para España”, favoreciendo las inversiones, la integración de gases renovables y el aprovechamiento de las infraestructuras existentes.
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