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La Comunidad de Madrid tramitó el pasado año un total de 115 denuncias por vertidos ilegales en el medio natural, dirigidas tanto a empresas como a particulares.
Esta cifra representa el 10,1% de los 1.137 expedientes abiertos por infracciones medioambientales en la región, cuya investigación corresponde al Cuerpo de Agentes Forestales, en el marco de sus funciones como policía ambiental.
El 50% de las denuncias se debieron al abandono de residuos de construcción y demolición, localizados principalmente en caminos vecinales, vías pecuarias y carreteras en desuso. Un 20% correspondió a residuos peligrosos —como fibrocemento, disolventes, pinturas o ácidos—, mientras que otro porcentaje similar estuvo vinculado a la quema de materiales depositados. El 10% restante incluyó otros residuos como madera o plásticos.
Este tipo de prácticas en espacios no autorizados genera un grave impacto ambiental, favoreciendo además el efecto llamada y la acumulación progresiva de residuos, incluso en áreas protegidas. Entre sus consecuencias destacan la contaminación del suelo y del agua, la aparición de focos de infección, la degradación del paisaje, la obstrucción de vías rurales y el incremento del riesgo de incendios forestales en épocas de altas temperaturas.
Las denuncias tramitadas se remiten mayoritariamente a la Subdirección General de Inspección y Disciplina Ambiental, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, o a los ayuntamientos cuando los hechos ocurren en suelo urbano. Estas infracciones pueden acarrear sanciones de entre 2.000 y 100.001 euros, sin descartar responsabilidades penales en caso de daños graves al entorno.
Como ejemplo reciente, en marzo los agentes identificaron a los responsables de un vertido de tres metros cúbicos de escombros en un tramo en desuso de la antigua M-501, en una zona de máxima protección ambiental de la cuenca de los ríos Alberche y Cofio, en el término municipal de Colmenar del Arroyo.
Tras una investigación de casi un año, se determinó que los residuos procedían de la reforma de una casa rural en la provincia de Ávila. La empresa responsable no contaba con la documentación que acreditara su correcta gestión en un vertedero autorizado, lo que ha derivado en una multa de 20.000 euros y la obligación de retirar los residuos.
Junto a los vertidos ilegales, las principales actuaciones sancionadoras también están relacionadas con el uso indebido de vehículos a motor en el medio natural y con infracciones urbanísticas, especialmente en las zonas este y sureste de la región.
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